En la asamblea de ayer se presentaron los resultados de un relevamiento efectuado sobre clima escolar en las aulas efectuado por la cartera educativa y otro sobre las representaciones de los jóvenes argentinos acerca del pasado reciente del país.
“Coincidimos con la necesidad de fijar un calendario escolar lo más extenso posible. Este Consejo, oportunamente emitió la Resolución 165 del 2011, referida a organizar calendarios que tiendan a los 190 días de clases. Por eso, para decidirlo en la próxima reunión del cuerpo, proponemos que en 2016 las clases comiencen el 29 de febrero”, expresó el ministro.
Y afirmó: “En ese lunes bisiesto comenzaríamos las clases, que concluirían el 16 de diciembre, y de esa manera estaríamos cumpliendo un calendario educativo de 190 días”.
Por otra parte, durante la reunión, Sileoni remarcó que desde el 2003 el Consejo "ha tenido 98 asambleas, en las que se han aprobado todas las resoluciones por consenso y aprobadas de manera unánime. Son medidas que han tenido impacto en la vida cotidiana de las escuelas, y mejorar los aprendizajes y las condiciones de enseñanza"
Precisó además que se construyeron "políticas públicas persistentes que ya forman parte de una agenda indiscutible de la educación argentina, lo cual se puede advertir fácilmente en los debates electorales de estas horas”.
Sileoni destacó también los avances que se vienen alcanzando en torno a la ampliación de la jornada extendida.
“Relevamos experiencias de distintos rincones del país que ratifican el camino que hemos tomado: en todos los casos se observa que la ampliación de la jornada escolar asegura un mayor acompañamiento a las trayectorias escolares, reduce el ausentismo y la repitencia, aumentan la reinserción y la matrícula, mejora el clima escolar y la autoestima de la escuela, con alta satisfacción de las familias”, subrayó.
Además, se analizaron los marcos de referencia de las orientaciones Bachiller en Literatura y Bachiller en Educación para el Nivel Secundario, y se presentó el proyecto de implementación de la asignación de un aporte económico básico destinado a la adquisición de material educativo para las prácticas formativas de Taller y Laboratorio de las instituciones de Educación Técnica Profesional de nivel secundario, de las especialidades industriales y de producción agropecuaria.
También se precisaron los criterios de promoción, acreditación y certificación de los estudiantes con discapacidad que asisten a la enseñanza obligatoria, en el marco de la Educación Especial.
Fuente: Télam
