“Hay acciones concretas que se están haciendo. Han habido más de 20 inspecciones y ese es un buen síntoma para promover decididamente el contralor y proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, indicó Solanas a “Una Mañana por delante” (Radio Ciudadana- FM 89.7).
Al mismo tiempo, el legislador indicó que no hay un porcentaje claro acerca de la cantidad de trabajadores que trabajan inscriptos y los que están en condiciones de informalidad. No obstante, acotó que hay un margen de informalidad cierta que deben procurar eliminar registrando a los empleados.
La nota publicada el 26 de mayo pasado daba cuenta de que el principal dato vinculado al negocio del citrus, “da cuenta que, de las 36.000 hectáreas plantadas solo 14.000 están tecnificadas, tienen sistema de riego; el 98 % de los cosechadores están en negro ; el 55 % de los productores tienen 15 has o menos y diariamente entran y salen de Concordia más de 100 colectivos con por lo menos 30 obreros sin ningún control en plena pandemia”.
De esa forma, se puede avanzar en consonancia con la ley nacional N° 26.940 que establece el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Solanas mencionó que la norma apunta a la creación de trabajo registrado y a la prevención de posibles fraudes laborales. En Entre Ríos, la ley mencionada ya cuenta con media sanción. “Esta ley trae aparejado también las sanciones a los empleadores y posibles infractores”, indicó.
El legislador remarcó que hay una preocupación real de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos. No obstante, expresó que querían que “se acentúen mucho más los controles” para proteger los derechos de los trabajadores. Solanas es consciente de que muchas veces les falta personal para realizar las inspecciones. Al mismo tiempo, dijo que existe un grupo de empresarios que trabajan dentro de la ley pero hay otros que no. Respecto de estos últimos, señaló que “deberán ponerse a tono con el registro de los trabajadores y procurar evitar el fraude laboral”. En ese sentido, remarcó que los cosecheros tienen derecho a la obra social y a los diversos apartados que contempla el sueldo, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo.
“Hay ciudadanos que tienen grandes extensiones de campo e han incumplido permanentemente y han dejado a sus trabajadores en una cuestión realmente de indignidad. Hubo denuncias con respecto a estos empresarios en la provincia de Entre Ríos, la familia Etchevehere y hubo sanciones absolutamente reprochables que se tenga el trabajo no registrado y fundamentalmente el fraude laboral en estos tiempo, en el Siglo XXI”, acotó Solanas.
