Delgado explicó que estuvieron dialogando con los representantes de las Asociaciones de Citricultores y llegaron a consensuar el sistema que consiste en instalar una especie de posnet por donde debe pasar una tarjeta magnética con los datos del trabajador, incluyendo una foto.
También se podrá utilizar el código QR que es módulo para almacenar información en una matriz de punto, una forma de evolución del viejo código de barras. “En eso está trabajando la gente de Modernización de la Provincia”, expresó.
La lectura de la tarjeta debe servir para que el trabajador sea dado de alta en diversas reparticiones nacionales como Afip o la Anses. De esa forma, un cosechero, un podador o un raleador puede ser dado de alta con un productor determinado y el día de mañana con otro. Además podría crearse una bolsa de trabajo en forma posterior a la puesta en marcha del sistema.
Paralelamente, también hablaron sobre la posibilidad de que los trabajadores, al momento de ser dados de alta, no pierdan sus beneficios sociales. “Es uno de los problemas que tenemos. Es algo que nos vienen planteando los productores: la gente teme perder los beneficios sociales al momento de la registración”, indicó Delgado.
Cabe acotar que llama la atención que se siga planteando una cuestión que parecía haber quedado resuelta el 12 de agosto del año pasado cuando el presidente Alberto Fernández estuvo en Concordia, previo a las elecciones Paso. Ese día, el mandatario afirmó que «a partir de ahora van a dejar de ser incompatibles el plan social con la idea de trabajar». Y anunció una medida que iba a permitir mantener la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado.
Delgado admitió que el sector tiene una tasa de trabajo informal elevada. Y dijo que las reuniones con los representantes de los empleadores y de los trabajadores, son beneficiosas para conocer las situaciones de ambos. Muchas veces, según explican los citricultores, un día necesitan 50 personas y darlas de alta en esa misma jornada es complicado. “Y capaz esas 50 personas mañana se van a otro campo. Eso trae situaciones de conflictividad al momento de pagar los salarios”, indicó.
Por último, Delgado sostuvo que ponerlo en práctica ahora al sistema quizás no sea la mejor idea teniendo en cuenta que se está terminando la temporada de cosecha de este año por lo que sería más pertinente comenzar con la del año próximo.
‘Puro humo’
Camejo indicó que esta mañana se realizó la segunda reunión por ese tema en Chajarí de la que participaron los representantes de las Asociaciones de Citricultores, de la secretaría de Trabajo y el asesor legal del sindicato, Carlos Conti. Pero manifestó su desconfianza. Respecto del control de las tarjetas, se preguntó quién va a corroborar que realmente se utilice en los trabajadores que están prestando servicios en las más de 1.700 quintas que pertenecen a citricultores agrupados en la Fecier (Federación del Citrus de Entre Ríos) o cerca de 2.000 incluyendo a los de la Cámara de Exportadores.
“No creo que esto avance. El ‘gringo negrero’ va a ser ‘negrero’ toda la vida y no va a querer blanquear”, remarcó. La prueba más contundente para Camejo es que se rehusaron a pagar $ 5.000 de aportes y contribuciones para la obra social por cada colectivo, una propuesta que había salido del sindicato. En cambio, sólo de cargas sociales (obra social, jubilaciones, sindicato y Afip) deben abonar $ 4.000 aproximadamente por cada cosechero. “¿Van a pagar $ 60.000 que puede salir una cuadrilla de 15 trabajadores? Y no quieren pagar por colectivo $ 5.000. Es una cosa irrisoria que no se la cree nadie. Creo que esto es más humo que están vendiendo los Citricultores”, reflexionó.
Otro de los motivos por los que descree de la iniciativa es una experiencia negativa reciente. Fue la negativa de los citricultores a firmar un modelo de convenio en el que habían trabajado mucho tiempo y habían cerrado el 25 de agosto de 2021 con la participación de los abogados del sindicato y de la Cámara de Exportadores de Citrus y de la Fecier. El 1° de septiembre debían entrar en vigencia los contratos. “No usaron ninguno. Le empezaron a encontrar el pelo al huevo”, remarcó.
Lo mismo sucedió recientemente cuando se reunieron varias veces mientras trabajaban en esa iniciativa, Camejo les propuso $ 5.000 de aportes para la obra social por cada colectivo. “Tampoco se llevó a cabo”, dijo.
De cualquier forma, Camejo sostuvo que pidió al abogado del sindicato que se pusiera a trabajar en la iniciativa. Y se reserva la decisión, en última instancia, de firmar o no el convenio para que comience a funcionar el sistema. Y anticipó su negativa a avalar algo que sea contrario al interés de los trabajadores. “Los gringos de Chajarí, y muchos de acá, lo que quieren es no pagar nada. Quieren ‘negrear’ y esto lo llevan, lo llevan hasta que termine esta cosecha”, mencionó.
Por cualquier reaseguro, Camejo pidió al gobierno provincial y nacional que no dejen de hacer los controles. De hecho, indicó que muchas veces termina pidiendo mediante nota ‘por favor’ que les envíen personal para salir a controlar. “Tenemos que salir con la Secretaría de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo y la Gendarmería o la Policía Federal a hacer controles en la ruta y salir a las quintas detectar el trabajo en negro. De otra forma, los gringos en Chajarí prefiere pagarle al gasoil o arreglarles ellos las camionetas a la Policía para estar ellos protegidos y el trabajador tenerlos por chauchas y palitos”, remarcó.
