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Cinismo não tem fim: El hijo de Bolsonaro habló de “venezualización” de la Argentina luego del decreto del presidente Fernández

El grupo Clarín ya empezó su búsqueda de voceros para salir a castigar la decisión del gobierno de declarar a la telefonía móvil, la televisión paga e internet como servicios públicos.

Uno de los primeros mandaderos que encontraron fue a uno de los hijos del presidente brasilero, el diputado Eduardo Bolsonaro, un correveidile de su padre, rápido de reflejos para teñir todo lo que le pidan con el color vino tinto venezolano.

En el hilo de Twitter que denominó la “venezualización de Argentina”, Eduardo Bolsonaro aseguró que Brasil jamás tomaría el camino de declarar servicios a públicos a los tres rubros. Allí alerta que el DNU puede ser festejado por la población en un principio pero después “las empresas escapan del país porque nadie va a invertir donde corre riesgo, dependiendo del humor del Presidente”.

Lo que Eduardo Bolsonaro no dice es que el 20 de marzo de este año, a través del Decreto Nº10282/20 su padre, el presidente Jair, declaró las telecomunicaciones como servicio público.

Según señala el Decreto de N.10.282 / 20 firmado por el presidente Jair Bolsonaro incluía las telecomunicaciones e internet como servicios públicos esenciales, apareciendo como un elemento en la lista presentada en el texto de la medida. Este es otro acto oficial publicado en el “Diário Oficial da União” en el conjunto de acciones anunciadas para contener la propagación de la nueva pandemia de coronavirus en el país.

También se incluyeron en esta categoría los servicios relacionados con la tecnología de la información y el procesamiento de datos (centro de datos) para respaldar otras actividades previstas en el decreto, como la prestación de servicios para el funcionamiento adecuado de la telefonía e Internet, además de la salud y seguridad públicas.

Según el decreto, “los servicios públicos y las actividades esenciales son los esenciales para satisfacer las necesidades urgentes de la comunidad, por lo que se consideran aquellos que, si no se cumplen, ponen en peligro la supervivencia, la salud o la seguridad de la población”.

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