El terreno pertenecía a una señora mayor, tía de la mujer que contrató a Mainez, que falleció. Hizo un testamento legándole esa propiedad que incluía una casa y un galpón a la mujer que decidió alquilarla mediante la forma de un contrato y con asistencia de un escribano público para protegerlas y tener una renta a su favor.
Pero la inquilina decidió dejar de pagar el alquiler y cuando se le intimó al pago, rechazó la carta documento. “Hubo que hacer un juicio para desalojarla”, indicó. En ese interin, hizo un trámite en la municipalidad, vendió los elementos comprendidos dentro de los galpones y armó una serie de boletos de compraventas para comercializar los lotes a cinco familias que hace tres años viven en ese lugar. La maniobra está en manos de la Justicia quienes deben investigar como realizó ese procedimiento. Aparentemente pidió un plan de pagos y mediante ese ardid habría logrado extraer documentación municipal para ‘construir’ los boletos de compraventa.
“Con todo esto mi clienta no tiene nada que ver que se encuentra con ese presente griego”, dijo. “Nadie compra un inmueble con dos papeles de la municipalidad. No es la forma. Pero ellos plantean que lo compraron de buena fe e invirtieron en ese lugar”, manifestó. En ese sentido, Mainez dijo que no se trata del típico caso de gente que intrusa un lugar a sabiendas de que se trata de un terreno ajeno y se resiste a irse. “Esto es mucho más complejo”, expresó.
Al ver la maniobra, las familias y la propietaria hicieron una denuncia penal por estafa. En el juzgado se conocen ambas partes y comienzan las negociaciones para definir la propiedad del terreno. “Tratamos de llegar a un acuerdo en una mediación penal”, dijo Máinez. No obstante, no hubo acuerdo y el juicio siguió adelante.
Finalmente el juicio terminó en favor de la propietaria y el Juzgado emitió una orden de desalojo contra el inquilino y todos los ocupantes. “En base a eso fue que hace un tiempo importante fuimos a hablar con la gente para decirles que ya había salido la sentencia y que tenían que retirarse excepto que haya algún tipo de propuesta”, dijo el abogado.
Las familias propusieron comprar los terrenos pero la oferta económica no satisfizo las pretensiones de la propietaria. “Fuimos ayer (miércoles) para hacerles saber que no había acuerdo económico. Y que teníamos que proceder al desalojo o algún modo alternativo”, mencionó Mainez.
El abogado dijo que hay diferencias entre lo que ofrecen las familias y las pretensiones de la dueña y además tampoco hay acuerdo por el plazo de pago dado que ofrecen comprarlo transcurridos unos seis u ocho años. “Económicamente a la clienta no le sirve”, dijo. Además señaló que si lo ven de manera estrictamente comercial: “mi clienta recibiría menos del 50 % del dinero que ella planteó que vale cada lote” dijo.
No obstante, el abogado sostuvo que lo analizan desde la problemática social dado que se trata de familias que poseen “muy escasos recursos”. Y además alegaron que todo el dinero que tenía lo invirtieron en lo que construyeron. "Por eso fuimos a charlar con ellos. No es que fuimos a desalojar y nada más", dijo.
Cada lote cuesta $ 200.000 y el que tiene edificada la casa antigua y el galpón $ 300.000, según tasaciones de las inmobiliarias. Un agrimensor determinó que se puede dividir el terreno en cuatro parcelas por lo que una de las cinco familias deberá permanecer en situación de codominio.
El miércoles intervino la secretaria de Seguridad del municipio, Patricia Pérez, para terciar en la cuestión buscando algún tipo de solución alternativa. “Entre las dos partes estamos con la sábana corta. Vamos a ver si la intervención del municipio le da un giro distinto. La idea es no llegar a un conflicto”, manifestó.
El municipio podría tallar en la cuestión mediante la cuestión impositiva. “Ellos podrían tener algún tipo de consideración respecto a lo que se debe de impuestos como un elemento económico que puede ayudar a las partes”, ejemplificó.
Además las familias realizarán un relevamiento de lo que invirtieron porque, en el último de los casos, si las familias se van la ley establece que lo que son mejoras útiles hay que resarcírselas.
