En relación a los locales ya existentes en zona norte, barrios Sudamérica y Urquiza al Oeste, entre otros, la norma que dictó Bahillo otorga un plazo de 24 meses para que cierren sus puertas. El decreto establece que “las habilitaciones de locales de diversión nocturna ubicados en el ejido Municipal de la ciudad de Gualeguaychú, vigentes a la fecha, caducarán automática y definitivamente a los veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ratificación del presente por parte del Concejo Deliberante”.
La medida dispuesta por el gobierno municipal está en sintonía con la disposición del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien lanzó una cruzada contra las wisquerías y bares nocturnos que funcionan como pantallas de prostíbulos, en los que se explota a mujeres víctimas de la trata.
En los considerandos de la norma rubricada por el intendente Juan José Bahillo se hace alusión a un expediente caratulado como “Dirección de Investigaciones Provincia de Entre Ríos a/análisis de factibilidad”, donde el director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Entre Ríos informó a la municipalidad sobre la creación de la División Trata de Personas, a través de la cual solicita al Municipio consensuar medidas sobre la problemática.
En consecuencia, sugiere “tomar medidas drásticas para el abordaje de esta problemática, planteando el cierre de los locales”, en base a “la legislación nacional y a los acuerdos internacionales que abordan este flagelo”.
La disposición marca que la subsecretaría de Habilitaciones tóme razón del presente en todos los trámites de habilitaciones de locales tipo “D”, notificando al interesado y disponiendo el archivo de las actuaciones. También se le pide al área que una vez ratificado el decreto por el Concejo Deliberante, se notifique a todos los locales habilitados haciéndole saber la caducidad de la habilitación en 24 meses.
A través de una resolución firmada a mediados de este año, Righi instruyó a todos los fiscales en materia penal del país que actúen en causas en las que se investiguen casos de trata y de proxenetismo, que soliciten al juez actuante la intervención de la agencia municipal del distrito, con el fin de concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación, cuando esté funcionando bajo la apariencia de un comercio lícito
