El Juez Muños, había firmado una resolución de más de 370 páginas, donde se daba lugar al pedido de extradición de Romano, tras la petición presentada por Walter Bento, titular del juzgado Federal N° 1 de Mendoza.
Romano fue destituido en 2011 por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados por su actuación entre 1976 y 1983, cuando omitió denunciar e investigar delitos cometidos durante la última dictadura militar, mientras cumplió funciones como fiscal federal.
Mientras lo destituían, Romano se fugó a Chile y estuvo ahí bajo la figura de «arraigo» y con detención domiciliaria nocturna. Después fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.
En Mendoza, Romano no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.
