Y se preguntó: “¿Esto quiere decir que estas situaciones de aborto se producen en ámbitos reducidos de estos sectores sociales más desprotegidos o quiere decir que el resto de los sectores también tiene este tipo de problemáticas y se dan en la privacidad, sin intervención de los medios, cuando se tienen la posibilidad de contratar médicos particulares y hacerlos calladamente?”.
Chiara Díaz consideró a partir de ello, que se ha mostrado “una preocupación por la vida que se formaba dentro del vientre de una persona discapacitada, pero no hemos hecho nada antes ni después por intentar sacar a la familia que integra la joven del estado de postración e imposibilidad de alcanzar ciertos aspectos básicos de la vida moderna”.
Criticó entonces que este caso se “puso en la picota para escuchar reflexiones religiosas o filosóficas con posiciones extremas, pero sin interés en brindarle apoyo a la discapacitada”.
“Estamos hablando de cosas de una profundidad y respeto muy grande como es el derecho a la vida, la preservación del cuerpo, al derecho de ser o no ser madre en determinadas situaciones en que se produce el embarazo como consecuencia de un acto delictivo violento como lo es una violación. Estas son cuestiones que deben ser motivo de comprensión más que para lanzar condenas dentro del cuerpo social”, manifestó finalmente el vocal del STJ.
