Jourdán aseguró hoy que la provincia “en su conjunto repudia la criminalización de la protesta social y la persecución política” al referirse a las notificaciones del juez federal Gustavo Pimenetel, que recibieron, a través de Gendarmería, los asambleístas que fueron denunciados penalmente por el gobierno nacional.
Por su parte, Chesini dijo que esta actitud del Estado central genera “una tensión innecesaria, en momentos en que se debe lograr un monitoreo efectivo de la planta. Es de esperar que la cancillería argentina tenga en cuenta las posiciones de la gente de Gualeguaychú, y sería bueno que el Estado entrerriano tenga un poco más de participación en todo el proceso”, acotó.
Cabe precisar que los ambientalistas Jorge Fritzler, Sara Muñoz, Osvaldo Fernández, Juan Ferrari, Ana Acosta, Paola Robles, Cristina y Víctor Limba, Alejandra Crimella y José Gómez recibieron las notificaciones de la causa penal en las que los imputó el gobierno nacional y a partir de ese trámite cuentan con un plazo de tres días para designar un abogado y sentar domicilio en Paraná. La denuncia fue por dieciocho delitos, incluidos sedición y homicidio culposo.
“Hay que sacarle la careta a los senadores nacionales que apoyan” dijo Jourdan apuntando al legislador de Gualeguaychú, Guillermo Guastavino. Y también exigió que se descubran “a los intendentes y a los legisladores que miran para otro lado”.
En tanto, Chesini recordó que hace unos quince días, consideró que el Estado Nacional se debía expedir dejando de lado la decisión de apelar. “Esto que vemos muestra todo lo contrario y me parece inconveniente”, opinó.
Reclamó gestos de entendimiento y respeto hacia los asambleístas y que tanto éstos como el gobierno provincial puedan participar efectivamente del proceso de control a la pastera. “Para mí el acuerdo que se anunció esta tarde tiene sentido si los asambleístas tienen una presencia permanente en el control de la salud del río”, agregó.
Volviendo sobre la judicialización del conflicto explicó que en lo personal considera que la no apelación “era el camino más adecuado para lograr distensión y demostrar un real deseo de avanzar hacia soluciones de fondo, aprovechando este impasse de sesenta días en el corte”. “Esto se soluciona desde lo político, no mediante la judicialización”, concluyó.
