Asegura en la nota enviada “entender las razones de los legisladores de esa zona para no acompañar su reclamo, advirtió que a tantos años de la composición de la CAFESG “es necesario preguntarse si el organismo no se ha convertido en una bolsa de empleo sin la fuerza necesaria para reclamar por el definitivo resarcimiento de los perjuicios ya que a más de diez años, aún hay demandas pendientes de propietarios afectados por la obra”.
Chesini, que como se sabe propuso a través de un proyecto de ley que los fondos de Salto Grande sean distribuidos en toda la provincia y contó, en esa propuesta, con el respaldo de casi una decena de legisladores, opinó que “hay ciudades que se han acostumbrado a planificar su desarrollo sobre la base de dos presupuestos paralelos pero, dice, también hay otras que debieron, como Gualeguaychú, afectar fondos de otras partidas para paliar las consecuencias de la inundación que se origina ante la creciente del río que represa Salto Grande. Entonces el acceso a esos fondos constituye un acto de estricta justicia”.
A su vez, el senador marca la necesidad de que la CAFESG “se haga un replanteo sobre su funcionamiento porque a diez años de la Ley Maya no pueden existir resarcimientos pendientes o bien deberíamos entender que el organismo se ha convertido en una bolsa de empleo sin la fuerza necesaria para cumplir esos fines”.
Y, en otro orden, pondera la constitución de la bicameral que se interiorizará sobre los recursos, sueldos, personal y destino de los dineros que maneja la CAFESG “ya que hasta ahora estuvimos frente a una Comisión administradora sobre la que nadie supo con certeza qué cuestiones administraba y cómo lo hacía” mientras que “el modo en que se maneja la represa, que se puso en dudas frente a la última inundación, que impactó en toda la costa bañada por el Río Uruguay, no diferenció zonas y provocó daños sin preguntar con qué dineros los atenderíamos”.
