El texto de Chesini expresa que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial inicie urgentes gestiones, ante las más altas autoridades del Estado Nacional, a los efectos de evitar acciones judiciales contra ciudadanos entrerrianos que han participado del corte a la ruta nacional 136 “quienes han sido actores centrales de un proceso cuyo objetivo esencial es lograr la relocalización de la pastera Botnia y evitar la contaminación definitiva e irreversible del Río Uruguay”.
En los fundamentos del proyecto se expresa que el Estado Nacional ha dado un giro inesperado. “No se trata aquí de enervar ánimos o de poner en situaciones incómodas a los actores de la política provincial sino que observamos necesario e ineludible encontrar un camino que, por medio del diálogo, acerque una salida al conflicto que generó en nuestro país la República Oriental del Uruguay al no cumplir con el Estatuto del Río Uruguay”, se señala en el texto.
Chesini sostuvo que se han registrado olores nauseabundos, una mancha alarmante sobre el río, efectos en la vegetación y fauna, y a ello le sumó un episodio sobre el balneario Ñandubaysal, “un espacio recreativo en el que bañistas sufrieron afecciones cutáneas”.
“Hoy, ante esta nueva coyuntura, queremos expresar que no consideramos conveniente y muchos menos conducente en la búsqueda de una solución, que se judicialice un problema que es esencialmente político. Humildemente expreso que llevar a los estrados argentinos este problema, no pondrá fin al conflicto, sino que podría incluso agravarlo”, indicó el legislador.
Por otra parte, el cuerpo dio sanción a un proyecto de comunicación impulsado por el representante del departamento Colón, Oscar Arlettaz (PJ), quien relató a sus pares que se hace necesaria la intervención del Estado entrerriano, en forma rápida y efectiva, para evitar daños irreversibles al medio ambiente ante trabajos que se realizan en su departamento por parte de la empresa Iberpapel, que está construyendo un terraplén de más de 8 kilómetros.
Indicó que por su magnitud el mismo podría incluso afectar el río y la calidad de sus aguas y explicó que hace 15 días se reunió con ambientalistas en la zona de Liebig. Fue el único legislador oriundo del departamento Colón que concurrió.
Cabe recordar que desde hace tiempo sectores de la comunidad colonense se vienen manifestando sobre las actividades de la empresa mencionada. Arlettaz siempre ha seguido el tema y en esta sesión ha presentado un texto que contiene su inquietud sobre el impacto ambiental.
Las organizaciones ambientalistas de la zona han indicado que se trata, el lugar donde desarrolla tareas la empresa, de un espacio único de biodiversidad, lugar de refugio de variada flora y fauna autóctona. Serían 700 las hectáreas afectadas (dos veces la superficie de la ciudad de Colon) y las mismas cumplen una función relevante en la dinámica del río cuando crece.
