“Avergüenza que el Estado no asuma, de una buena vez, que la droga es un problema social y que su inacción no hace otra cosa que profundizarlo. No es una política de Estado difundir cuánta droga se ha secuestrado. La estadística no corta la cadena que comienza con los productores y termina con los traficantes callejeros que están en Gualeguaychú al acecho de nuestros hijos y jóvenes”, indicó el legislador.
“Las reveladoras declaraciones de Monseñor Lozano sobre la expansión de la droga y la impunidad con la que se mueven los “narcos” deberían conmover a todos los estratos del Estado. Siento, en verdad, que sus palabras, con las que coincido plenamente, escarban en la gravedad del problema con inusitada claridad y contrastan con la impávida acción de los gobernantes. Provoca sana envidia que haya que hoy día gente dispuesta a llamar las cosas por su nombre”, dijo el senador.
«Los derechos humanos no se agotan en una etapa de la historia. La amenaza de muerte no es más o menos brutal depende de quien o por qué mata», reflexionó Chesini que se puso a disposición de la familia Maglioni luego de que se conociera una nueva amenaza de su muerte y lamentó la mudez de las autoridades frente a un tema que antes motivó un pedido de informes en el Senado.
Chesini se conmovió por la situación por la que atraviesa la familia de Islas que recibió otra amenaza de muerte y recordó que también el juez Eduardo García Jurado reveló que en Gualeguaychú “de 10 jóvenes que nosotros detenemos en por la comisión de un ilícito, 8 son drogadictos, es decir el 80%” y preguntó “qué otra voz es necesario sumar para que el Estado municipal y provincial aplique, con la fuerza y convicción que demanda el problema, una acción implacable que ponga freno a la droga. La ausencia de estas medidas apaña a los delincuentes y nos arranca a los chicos de las manos”, lamentó Chesini.
