En efecto, a través del Decreto 4577 del 24 de septiembre pasado el Poder Ejecutivo de Entre Ríos rectificó el artículo 2º del decreto 412/03 del Ministerio de Gobierno y Justicia, por el cual se había otorgado un aporte no reintegrable de $ 100 mil a la municipalidad de Concordia para solventar gastos de una auditoria operativa externa en las cuentas de las gestiones municipales de Busti (1991-1995) y de Cresto (1995-1999). El nuevo decreto rectificatorio, cambia el destino original de esos fondos y autoriza a Cresto a que los utilice en Acción Social.
Los concejales de la anterior gestión estimaban que durante ambas administraciones se habían cometido irregularidades, pero, al mismo tiempo, entendían que quienes mejor podían asegurar tal sospecha, eran profesionales especialmente contratados al efecto. En aquella oportunidad todos habían coincidido en que esa auditoria debía encargarse a la facultad de Ciencias de la administración. Orduna finalmente y a pesar de asegurar que estaba totalmente de acuerdo, nunca la llevó a cabo.
Hoy, esta modificación es solicitada por la municipalidad, es decir, por la persona que debía ser investigada. El argumento, es que “las cuentas del período 1991-1999 han sido aprobadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia, mediante resoluciones número 101/95, 126/95, 099/95, 054/95, 145/98, 143/98, 189/99, 223/01 y 153/01, respectivamente”. Todas estas disposiciones son anteriores a la fecha de la normativa que fijó el otorgamiento del dinero para la realización de la auditoria.
Tanto el número del Decreto como sus argumentos fueron publicados por Análisis Digital. Resulta sospechoso que, la otra persona que debía ser investigada, el gobernador Jorge Busti, haya sido precisamente quien emitió este nuevo Decreto anulando el anterior.
Basicamente, el gobernador consideró “administrativamente procedente rectificar” el destino original de esas sumas “conforme a lo solicitado, en beneficio de una utilización más ajustada a las necesidades actuales del municipio”.
