El pronunciamiento de Acuña está en línea con lo que discutió días atrás la “mesa chica” de la CGT en una reunión en el gremio de estatales UPCN y que luego empezó a difundirse como idea en el ámbito del Consejo Directivo de la organización. Se trata de un diferimiento de las negociaciones salariales que arrancan por lo general a partir de marzo (con excepciones como docentes y bancarios, que discuten desde enero) y que en mayor medida continúan en debate hasta el tercer trimestre de cada año.
La dirigencia de la CGT aguarda un llamado de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para una reunión prevista esta semana con representantes del Grupo de los Seis, que nuclea a las principales cámaras patronales de la Argentina (industria, comercio, construcción, agro, bancos y Bolsa) que tendrá como eje comenzar a discutir un acuerdo de precios y salarios, como adelantó este diario. En el medio se produjo la catarata de medidas del viernes a última hora que incluyó el anuncio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para declarar la “emergencia pública en materia ocupacional” por 180 días y la fijación de una indemnización duplicada durante ese período.
“Estamos de acuerdo con la vuelta de la doble indemnización. Una vez se aplicó (en 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde y permaneció, con cambios, hasta 2007) y dio buenos resultados”, apuntó Acuña. En esa línea, dijo que si el monto de suba salarial decretado por Alberto Fernández “es suficiente para recuperar poder adquisitivo” la CGT podría analizar “una suspensión de las paritarias por el mismo plazo de vigencia de la doble indemnización, por seis meses”.
Sobre ese eventual incremento opinó que debería “incorporarse al salario, porque si se paga por una vez se agota enseguida y no recupera el poder adquisitivo perdido” y cuyo monto, a su criterio, “debería ser mucho más que los 5 mil pesos” que decretó Mauricio Macri en los dos últimos años de su gestión para los trabajadores del sector privado, con dispar acatamiento por parte de los empleadores. Incluso Acuña consideró válido que las pequeñas y medianas empresas fuesen beneficiadas con créditos a tasa subsidiada para facilitarles el pago de esos incrementos y evitar su traslado a precios.
El dirigente adelantó, además, que en el ámbito del Consejo Económico y Social que convocará el mandatario en los próximos días propondrá “que los empresarios retrotraigan los aumentos de precios”. “Lo planteé en el Consejo Directivo de la CGT y es una cuestión de sentido común. No sirve congelar precios ahora si en los últimos días los empresarios ya los subieron todos para hacer su colchón”, añadió.
Más allá del aval inicial de la CGT al paquete de medidas que incluyó la indemnización agravada, la fijación de un dólar diferenciado para el turismo y el rebalanceo de las retenciones, resta despejar la incógnita acerca de la posición que llevará, de ser convocado, Hugo Moyano al Consejo Económico y Social. Sobre todo, en función del compromiso informal, por ahora, de la central obrera de paralizar las negociaciones salariales: “la CGT no va a decirme cómo tengo que negociar mi paritaria”, había advertido la semana pasada Pablo Moyano, hijo mayor y lugarteniente de Hugo en Camioneros.
