El expediente es insólito por donde se lo mire. El origen es una grotesca auditoría ordenada por el flamante director de Vialidad en enero de 2016, Javier Iguacel, quien ayer pasó de ministro a secretario de Estado. El funcionario no ordenó una auditoría de la obra vial en todo el país sino en una única provincia, Santa Cruz, lo que demuestra que el objetivo no era saber la verdad sino perseguir al kirchnerismo. Lo asombroso es que la auditoría realizada por los ingenieros Justo Romero, Martín González Oria y Marcelo Bianchi, concluyó que “los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento”. Se comprobó que ningún contratista –en especial Lázaro Báez– cobró obras que no estuvieran hechas. González Oría fue categórico ante el juez: “lo que figuraba como pagado estaba hecho”.
Uno de los cuestionamientos más increíbles de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita es que Santa Cruz hizo el 12 por ciento de las obras viales, más que muchas otras provincias. En la defensa de CFK, a cargo de Carlos Beraldi, respondieron que eso fue votado por el Congreso y que, además, Santa Cruz tiene el 11 por ciento del territorio nacional.
El argumento de que las empresas de Báez ganaron 51 de las 81 obras viales fue defenestrado por el anterior titular de Vialidad, Nelson Periotti, quien demostró que en otras provincias también había empresas que ganaban la mayoría de las licitaciones porque en determinado territorio tienen el personal, la maquinaria y el conocimiento para imponerse en las licitaciones. Periotti demostró que en ninguno de los concursos de precios de Santa Cruz hubo impugnaciones, que actuaron numerosos organismos de control provinciales y que los fondos fueron siempre votados por el Congreso Nacional. Un dato que no es anecdótico es que Báez perdió varias licitaciones, entre ellas una en la que fue aliado a Iecsa, del Grupo Macri. Fue en la pelea por las represas Condor Cliff y Barranqueras.
