El reciente proyecto se enmarca en una serie de decisiones que el Estado nacional, encabezado hoy por la Alianza Cambiemos, viene implementando en distintos puntos del país con el pretexto de mejorar nuestras trayectorias formativas. Por nombrar otro caso: en la provincia de Jujuy, como parte de esta prueba piloto, se clausuraron las matriculaciones 2018 para los ISFD en 5 carreras de formación docente y se declaró su conversión a tecnicaturas.
A nivel nacional el Ministerio de Educación redujo los presupuestos destinados a capacitación docente, programas socio-educativos e infraestructura y luego se encargó de sub-ejecutarlos. El ajuste en el área de educación es evidente y nos afecta en primera persona. La desintegración del programa Conectar Igualdad privó a nuestros compañeros y compañeras de una valiosa herramienta para sostenerse dentro del sistema educativo.
En el mismo sentido fue la eliminación de las becas de Estímulos Económicos y el recorte del programa Progresar.
Entendemos que jerarquizar nuestra formación es también ampliar los espacios de participación, generar proyectos inclusivos en conjunto con la comunidad educativa y aumentar los presupuestos destinados a nuestra capacitación permanente, infraestructura y sueldos docentes. Pero de ninguna forma puede relacionarse con la descalificación al trabajo docente, la eliminación de institutos terciarios y la desarticulación de las redes de contención que garantizan igualdad de oportunidades, como viene sucediendo durante estos últimos dos años.
El accionar del gobierno Nacional en materia de educación no es casual: implica una mirada utilitarista, donde educar representa un gasto y no un derecho. La reciente iniciativa que pone en riesgo la continuidad de los Institutos de Formación Docente implica menos Consejos Directivos y menos Centros de Estudiantes. Es decir, menos representatividad, participación, autonomía estudiantil, voces; menos DEMOCRACIA.
