Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo compró a Israel un software de vigilancia masiva y hace saber a los medios de comunicación que está vigilando a los grupos que buscan expresarse contra el G20. Lo que tienen en común estas organizaciones es su oposición a la agenda económica de ese grupo de países. Para el gobierno, las críticas al G20 son intentos de desestabilización.
En los últimos días este cuadro se agravó: el gobierno comenzó a sobredimensionar hechos con el fin de construir enemigos internos. Eso ocurrió en las últimas horas con la comunidad musulmana, que ha sido forzada a tener que explicar que no son terroristas, como consecuencia del montaje espectacularizante de un operativo, promovido por el ministerio de Seguridad.
A pocos días del inicio de las actividades del G20 y también de la contra-cumbre, el gobierno está instalando una campaña de miedo cuyo objetivo es intimidar a quienes quieran manifestarse, desmovilizar y desactivar las protestas. La vigilancia ilegal, la amenaza de represión y criminalización y cualquier otra forma de intimidación son limitaciones de derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo está utilizando la excusa del G20 para correr el límite que separa la inteligencia legal del espionaje ilegal. No se puede vigilar a las organizaciones con motivo de sus opiniones políticas. Hacerlo no es prevención del terrorismo sino vigilancia ilegal de la disidencia. Publicitarlo es, además, demonizar a sectores y grupos sociales.
Hoy la ministra Bullrich llamó a los/as ciudadanos/as a retirarse de la ciudad de Buenos Aires el 30 de noviembre amenazando con mayores niveles de violencia estatal. Esperamos que esto no sea el preanuncio de otra cacería de manifestantes, con consecuencias aún peores que las que hemos visto en los últimos años.
