Los diputados radicales señalaron que “es nuestra obligación defender al pueblo argentino. La instalación de estas plantas, de acuerdo a lo manifestado por la Cancillería Argentina en su informe en el Grupo Técnico de Alto Nivel, acarreará nefastas e irreversibles consecuencias ambientales para las generaciones actuales y futuras. Pasar por alto esta situación resultaría una negligencia imperdonable”.
Los legisladores explicaron que “por ello es que instamos a encauzar la acción jurídica ante la Corte internacional de Justicia, tal cual lo prescribe El Estatuto del Río Uruguay de 1975. Esta acción debe realizarse de manera perentoria, reclamo que venimos efectuando desde hace mucho tiempo desde nuestra organización política y que no fueron tenidos en cuenta oportunamente. De la misma manera se ha expresado la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. La dilación por parte del gobierno en tomar esta medida ha obrado en contra de los intereses argentinos”, señalaron los diputados Varisco y Cecco.
Reclamaron además, “la acción provisional o precautoria de ‘no innovar’ ya que de continuarse la obra estaríamos ante políticas de hechos consumados”.
Por último, expresamente instaron “al diálogo de ambos gobiernos para que, simultáneamente, con la acción judicial ante la Corte Internacional, los Jefes de Estado de ambos países y sus respectivos Cancilleres pongan a consideración de ambos pueblos una solución al diferendo. Dada la extrema sensibilidad del tema en cuestión, se debe garantizar que el diálogo sea transparente y con participación plena y directa de los sectores involucrados”, concluyeron los radicales.
