“Cuando designamos a Pasteris, como a la plana mayor de todas las fuerzas de seguridad, hicimos consultas con organismos de derechos humanos y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y no tuvimos noticias de antecedentes que lo ligaran con violaciones a los derechos humanos. Estamos muy conformes con su actuación mientras dirigió la fuerza, pero no podemos dejar al mando a una persona a la que se le imputan tan graves delitos, por eso decidimos relevarlo”, respondió el ministro de Interior, Aníbal Fernández, ante una consulta de Página/12.
Fernández aclaró que el Gobierno no estaba acusando ni prejuzgando a Pasteris sino que estaba permitiendo que el hombre se defendiera ante la Justicia. “Lo que ocurre es que el Estado no puede tener una posición dubitativa sobre este tema. Además, a partir de ahora Pasteris va a ser objetado en cualquier lugar que se presente. Es una medida en defensa de la fuerza”, agregó el ministro.
El Gobierno tomó esta decisión ayer después de que Clarín publicara que el actual jefe de Gendarmería habría sido el encargado de supervisar a los gendarmes que detenían personas mientras intentaban salir o entrar al país. Hay al menos nueve desaparecidos que fueron secuestrados de esa forma en el paso fronterizo y luego entregados al Ejército.
Actualmente hay dos investigaciones judiciales relacionadas con crímenes cometidos durante la última dictadura en Paso de los Libres: una está relacionada con la desaparición de los militantes montoneros que regresaron al país en el marco de la llamada contraofensiva. Lorenzo Viñas y el cura Jorge Adur son dos de las víctimas que fueron secuestrados en 1980 cerca de Paso de Libres como consecuencia de lo que se conoció como el “Operativo Murciélago”, destinado a capturar a los militantes que entraban o salían del país.
El otro expediente se tramita en Paso de los Libres y se relaciona con el funcionamiento del centro clandestino de detención “La Polaca”. Esta causa se reactivó recientemente luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitiera confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que en la estancia conocida como “La Polaca” fueron torturadas y luego desaparecieron cientos de personas durante la última dictadura.
“La Polaca”
DIARIOJUNIO publicó el 21 de julio un informe denunciando la existencia de la Estancia “La Polaca” es, en realidad, un campo de unas 40 has. ubicado a la vera del río Uruguay y a pocos km. de la ciudad correntina de Paso de los Libres. Rodeada por una frondosa arboleda y un imponente cañaveral, aparece una amplia casa (con sótano incluido), sobre la que se cuentan las más espeluznantes historias ocurridas en tiempos de la dictadura militar.
Aunque los pobladores de ese lugar no se ponen de acuerdo, fueron varios los que sostuvieron a ANALISIS y DIARIOJUNIO que, el cañaveral fue plantado para simular una fosa común. Ese convencimiento popular adquirió tanta relevancia en esta investigación judicial que se lo incluyó como una de las preguntas en las testimoniales.
Sobre esa estancia y desde hace años circula en Paso de los Libres el rumor sobre la existencia del “Informe Werns”, en rigor, un manuscrito adjudicado al ex agente de Inteligencia del mismo nombre detenido por esta causa y actualmente con la custodia de Prefectura, pues en el juzgado temen por su vida. Ese informe, que Werns niega, pero que “reconoce la letra como muy parecida a la suya” forma parte del expediente judicial en el que se sustancia esta causa caratulada “Investigación Preliminar Delitos de Lesa Humanidad”.
Mucho de lo escrito en ese informe fue repetido por Werns en un programa televisivo (aunque al mejor estilo de Adolfo Scilingo lo negó en sede judicial), conducido por Ignacio Villanueva, uno de los periodistas de Libres que investiga el caso “La Polaca”. Werns, describió la práctica de la tortura, asegura que se trataba de “largas sesiones” ; menciona los tipos (descargas eléctricas, cigarrillos, etc) y hasta cuenta una ejecución que la relata así “estando el Capitán interrogando a uno, otro logró escapar corriendo hacia el eucalital (en referencia a una plantación de eucaliptos). Alertado por los gritos de la guardia, corrió tras él y le efectuó varios disparos matándolo”.
Esa casa, a la que otros diarios brasileros denominaron “estância do pavor” es de Arturo Bonpland, el propietario que se la alquiló al Ejercito que, a su vez, la puso a disposición del Destacamento de Inteligencia Nº 123 a cargo, entre otros del Coronel Molina, el mismo que fue procesado en la causa conocida como “contraofensiva montonera” por el juez federal Claudio Bonadío. Molina tenía estrecha vinculación con el terrorífico batallón 601 de Inteligencia (responsable de la planificación de los grandes movimientos llevados a cabo en el marco del Plan Cóndor) ya que, mientras este se encargaba de los traslados de los detenidos–desaparecidos, el 123, era responsable de la movilidad y custodia, según la denuncia penal efectuada por María Paula Viñas con el patrocinio de los abogados libreños Jorge Olivera y Ramón Leguizamón ante el juzgado federal de Oliva. Además, no es casual que justo durante esos años haya sido Molina y no otro quien estuviera en ese estratégico lugar.
