Unos pocos minutos después de que el fiscal Diego Luciani solicitara la pena de 12 años de prisión y la proscripción de Cristina Kirchner, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que condena «la persecución judicial y mediática» contra la actual vicepresidenta. En el texto se aclara que «ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado» y se incluye la palabra del propio Alberto Fernández, quien transmitió «su más profundo afecto y solidaridad» a Cristina Kirchner.
«Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho», expone el documento que lleva la firma de Presidencia de la Nación.
Tras nueve jornadas de alegatos en los que los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani debieron soportar que sus testigos desmintieran las acusaciones y en medio de un escandaloso show plagado de irregularidades, en una maniobra que no despertó sorpresas solicitaron la pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner.
El fiscal Diego Luciani también pidió que la vicepresidenta y el resto de los exfuncionarios imputados en la causa por la obra pública en Santa Cruz sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
En ese sentido, el gobierno aclaró que «ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado», al indicar que «toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno».
Por último, el comunicado añade: «El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas». Y completa: «Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos».
