Arias expresó a Radio Ciudadana que algunos imputados ya declararon e hicieron sus descargos. Luego se incorporaron las pruebas testimoniales referidas a los peritos que han tasado los terrenos y el contador municipal que dio cuenta de todas y cada una de las irregularidades que había respecto de las tierras. Entre otras cuestiones, señaló que no habían sido ingresada a la contabilidad del municipio.
Ayer acudieron a la Sala Penal funcionarios del Tribunal de cuentas quienes confirmaron esa situación además de puntualizar otras irregularidades referidas a los procedimientos que se llevaron a cabo para concretar las ventas. “El Tribunal de Cuentas lo que nos dice es que ellos hacen un control, una auditoría, sobre algunos aspectos de la contabilidad; no se hace una auditoría total de la situación financiera y patrimonial sino simplemente algunas cuestiones puntuales. Por eso, los municipios tienen la obligación de informar de estos desprendimientos patrimoniales en forma concreta para que el Tribunal de Cuentas pueda revisarlos”, dijo.
Además, Arias señaló que los municipios deben informar sobre los procedimientos de lactación publica que lleven a cabo. “Ahí está lo más importante en términos económicos. Esa falta de información se ve reflejada en la falta de auditoria y, consecuentemente, en la falta de control de lo que se pagó”, señaló.
Para significar la importancia de la enajenación de tierras, Arias señalo que el procedimiento, que consiste en licitaciones públicas, está normado por la Constitución de la Provincia y sólo admite excepciones por cuestiones de interés público o bienestar general. Cuando comenzaron la investigación, observaron que otros terrenos había sido cedidos a personas sin recursos quienes no tenían donde vivir. “Por eso también hicimos una evaluación de esa cuestión y entendemos que hay muchas cesiones de terrenos y caen dentro de esa excepción por cuestiones de interés público o de bienestar general”, explicó.
“No así los que están en juicio que son los parientes de los funcionaros, los amigos de los funcionarios, los padrinos de los funcionarios que compraron los mejores terrenos con vistas al río y demás. Con tamaños importantes de más de 1.500 metros cuando a la gente humilde le dan 300 metros. Ahí está la diferencia, eso se evaluó en su momento y por eso se apuntó a los que realmente se beneficiaron indebidamente a través de una venta directa”, indicó el fiscal.
Mañana prosiguen las audiencias con la presencia de más testigos y luego, según estimó Arias, se hará la inspección judicial en la zona. “Se va a constituir el Tribunal directamente en Puerto Yerúa para hacer una recorrida por los terrenos en cuestión”, dijo.
Respecto de las alegaciones de los abogados defensores, Arias dijo que no pueden justificar lo que sucedió. “Son argumentaciones que simplemente caen en saco roto porque no tienen como respaldarlo”, dijo. En ese sentido, sostuvo que, al carecer de herramientas concretas, empiezan a alegar distintas discrepancias o cuestiones como que “el precio tiene que ver con que se cedieron títulos imperfectos”.
En 2008, respecto de algunos terrenos se hicieron cesiones previas. En ese momento, la municipalidad todavía no era la propietaria del terreno. O sea que el municipio cedió tierras que aún no tenía para sí. Para el fiscal, se trató de “un armado” para tratar de justificar el precio vil. “Yo no puedo vender su casa porque no tengo el derecho de hacerlo. No puedo hacer nada sobre los derechos que no tengo y eso es lo que hizo la municipalidad con esa cesión. Ellos dicen que el precio es bajo porque están transmitiendo un derecho precario, pero posteriormente, en base a ese precio, posteriormente se concreta una venta, ya con escritura y con el mismo precio. Por ejemplo, la cesión fue de $ 8.100 y se escrituró en $ 8.000. O en el caso de Larrocca-Ruiz, $ 7.218 la cesión y $ 7.270 la escritura”, señaló.
Más adelante, explicó que las mejoras y reformas, como construcciones, que se realizan a un terreno mal habido quedan en posesión del estado cuando son devueltos. “El decomiso se produce sobre el bien: el inmueble, el terreno. Todo los construido, lo mejorado, le pertenece como una mejora”, indicó. Uno de ellos, fue recuperado con tres cabañas y una pileta de natación. “Creo que han desarmado algunas cosas antes de que quede firme la sentencia, pero alguna mejora va a quedar en el terreno”, indicó. Y además manifestó que en el juicio hay dos terrenos con “dos casas importantes” en su interior.
Por último, mencionó que, en los juicios abreviados, al que se acogió el ex intendente Fabián Cevey, quien recibió tres años de prisión en suspenso, se evalúan muchas cosas. “En un juicio íbamos a pedir una pena de cumplimiento efectivo mucho más alta que la que se terminó pautando”, dijo. Pero admitió que también procuró una pronta resolución del caso. “Ya se recuperaron varios terrenos con ese acuerdo y se logró ejecutar en 10 días la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”, indicó. Y además transparentó su intención de que, lo antes posible, dejase de estar a cargo de la intendencia a razón de los hechos que se le imputaron.
En cambio, en un juicio oral, mas allá de que en 20 días haya una sentencia, sostuvo que habrá dos años de recursos que serán enviados a Casación, al Superior Tribunal de Justicia a la Corte Suprema. “Acá son todas personas pudientes que van a agotar las instancias hasta que la condena se pueda llegar a ejecutar. Hay una gran diferencia y por eso, en este juicio, vamos a aplicar las penas como tienen que ser aplicadas, en su máxima expresión”, dijo. Y por ello, adelantó que, al asesor legal del municipio, Julio Larrocca, el único funcionario en el banquillo, le pedirá una pena de “cumplimiento efectivo”. Para el resto, dijo que lo evaluará hasta el último momento. “Nunca se si se van a arrepentir”, señaló.
