Cuando ya muchos pensaban que una de las causas más resonantes que involucran a ex funcionarios gubernamentales y otras personas en maniobras dolosas –como el caso del ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut (PJ-Islas)-, transitaría inexorablemente el camino de la prescripción, pudo conocerse que el expediente finalmente recaló en la Sala I de la Cámara del Crimen, para la realización del juicio oral y público. Ello responde al pedido de elevación formulado por la jueza de Instrucción Nº 1, doctora Patricia Yedro, en base al dictamen de la fiscal Leonor Nader, que tuvo ingreso en la Sala el 4 de setiembre pasado. Se trata de la investigación que se iniciara por denuncia de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), referida a la utilización indebida de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) otorgado y percibido por un grupo de personas con destino a obras en el Puerto de Ibicuy, determinándose que se incurrió en la figura de “peculado de bienes” (artículo 261 del Código Penal), debiendo añadirse la aplicación de sobreprecios. El monto original –sin actualización aún- fue de 24 millones de pesos/dólares, debiendo apuntarse que hubo connivencia entre autoridades de entes oficiales con empresarios y profesionales particulares.
Los procesados que deberán enfrentar al Tribunal- cuya integración aún no está resuelta-, son los hermanos Abelardo Félix y Carlos Fernando Pacayut, Norberto Durrels, Rafael Alberto Morana, Alberto Víctor Gavio, Julio César Ivanovich y Carlos Alberto Lovera (los dos primeros como autores principales y el resto como partícipes necesarios del mencionado delito, considerados responsables de prestar una contribución fundamental en la gestión del ATN). Todo esto ocurría por 1997, es decir, hace nada menos que doce años, siendo esta cuestión investigada por el órgano de contralor creado durante la gestión de Sergio Montiel y que presidía el doctor Oscar Rovira.
Lo más lamentable de este caso, es que el expediente, de unas 1.500 fojas, ya estaba listo para su elevación a juicio en mayo de 2008 según requerimiento de la Fiscal Nader, pero debió sufrir una intolerable demora en virtud de los reiterados recursos interpuestos por los letrados defensores, empleándose para ello argumentos dilatorios que perseguían como único fin lograr la prescripción de la causa. Está claro que la medida adoptada en sede instructoria, termina echando por tierra los propósitos que sobrepasaban cualquier celo profesional.
Vale recordar que Abelardo Pacayut era por entonces presidente del Instituto Portuario Provincial, mientras Carlos Pacayut se desempeñaba al frente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, habiéndose constituído una denominada Comisión Pro Desarrollo del Pueto Ibicuy, de la que no se supo más. En tanto Gavio era el principal de la empresa Performar, con quien Durrels formalizara un contrato el 1º de octubre de 1997 para ejecutar los trabajos. Pero dicho contrato es cedido a los organismos que conducían los hermanos Pacayut, el 17 de febrero de 1998.
Sin embargo, una serie de dicatámenes técnicos a cargo de profesionales de la ingeniería, incorporados a la causa en 2002, resultaron lapidarios y demoledores, ya que señalan que el Estado recibió una obra millonaria y ruinosa, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado, demandando una gran inversión para poder completar las obras.
De acuerdo a la instrucción, los pagos de fondos públicos otorgados desde el Ministerio del Interior, beneficiaron a Gavio, habiendo sido recibidos por Carlos Pacayut y el Contador Morana.
Sólo resta el decreto de citación a las partes y fijación de la fecha de inicio del debate. Una novedad que lleva a pensar que la justicia –si no hay intromisiones extrañas ni nuevas chicanas- tendrá la oportunidad de llevar adelante un juicio tan largamente aguardado.
Fuente: Análisis
