El próximo miércoles a las 10:30 deberá declarar como testigo la ex Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro. Se trata de Silvina González Napolitano, la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos atrasos tarifarios.
El objetivo de esta nueva testimonial es profundizar en una de las patas de la pesquisa, que apunta a determinar las condiciones en que el macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones de dólares en calidad de inversiones no amortizadas. Abertis –la controlante española—se había presentado ante el árbitro dependiente del Banco Mundial con un reclamo de mil cien millones de dólares. Sin embargo, en tiempo récord y sin una sola audiencia, el entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le reconocía los 500 millones. Una suma sideral que no tenía ningún tipo de justificativo, según dijo en su momento en una auditoría interna y luego en la causa bajo juramento el ex titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales, Gustavo Gentili. Sobre todo, porque Ausol había incumplido gran parte del contrato y había sido multada en numerosas oportunidades. Incluso hasta fue intervenida por el kirchnerismo a raíz la gran cantidad de irregularidades. Intervención que Javier Iguacel levantó ni bien asumió en Vialidad Nacional.
El máximo responsable que intervino en representación del Estado fue el entonces Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín. En aquel entonces opinó que la empresa no había agotado las instancias jurídicas de la Argentina, por lo que no debía hacerce lugar a la demanda en el Ciadi. Luego de eso (y de su postura también adversa a los intereses empresarios en el caso del Correo) Balbín fue desplazado de su cargo. Su reemplazante fue nada menos que Bernardo Saravia Frías. Así fue que el histórico abogado de los Macri pasó a representar al Estado. González Napolitano también dejó su puesto, que era técnico y ocupaba hacía más de una década. Precisamente ese dato lo aportó Balbín cuando declaró ante Canicoba. Dijo que le había llamado la atención la salida tan intempestiva de la abogada. Como ocurrió en Vialidad Nacional y en otras reparticiones del Estado, quien no respondía a los designos de los Ceos del Gobierno, por algún motivo terminaba dando un paso al costado. Ahora, el juez quiere escuchar a la mujer que podría complicar aún más la situación de Macri, Dietrich e Iguacel.
Tanto Balbín como Napolitano se habían puesto en defensa del Estado y ante el CIADI habían opinado que el reclamo por retrasos de tarifas era obsoleto y no correspondía.
Documentos
Entre las nuevas medidas impulsadas por el Juzgado se encuentra la solicitud de información a la Inspección General de Justicia sobre la composición societaria de Socma y Sideco Americana. El Grupo Socma fue accionista de Autopistas del Sol hasta mediados de 2017, cuando el ex Jefe de Estado vendió su participación un 400 por ciento por encima del valor que tenían los papeles antes de llegar a la Casa Rosada, de la prórroga del contrato y de las subas siderales de las tarifas de peajes. Sin embargo, según explicaron a Página/12 fuentes de la investigación “es un problema que Macri figure solo como accionista y no como parte del directorio. Porque lo que hay que probar es que tenía una parte o todo el control del dominio del hecho”. Es decir, que aunque parezca evidente la incompatibilidad del propio Macri, penalmente es complejo probar la responsabilidad si no era parte de la dirección de la firma en términos formales.
