Esta semana el juez Canicoba Corral -quien se jubila y que será reemplazado desde el 29 de julio por Julián Ercolini- procesó al extitular de Vialidad Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías en este expediente. Lo dispuso el magistrado después de indagarlos la semana anterior, quien también rechazó la recusación planteada por ambos imputados. El delito es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y los embargos dispuestos alcanzan los 0 millones cada uno.
Para el juez “ambos funcionarios que actuaron en dicho proceso, fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del Estado”. En concreto, las concesiones de Acceso Norte y Acceso Oeste, la primera en manos de una firma que integraba como accionista la familia Macri; la segunda ligada al grupo Albertis.
Para dictar el procesamiento, el juez valoró las pruebas acumuladas. La situación de Iguacel había quedado comprometida con la declaración que el año pasado hizo la exdirectora de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien había dicho que el exfuncionario fue responsable de conceder tratos “diferenciales” a Autopistas del Sol (AUSOL) una de las históricas empresas vinculadas al grupo Macri.
La causa, iniciada por una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau versa sobre irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación. Además del pago a las empresas de casi u$s500 millones por supuestas inversiones no amortizadas, ante un reclamo -aparentemente ficticio presentado ante el CIADI por la empresa de demanda por u$s1.000 millones- y la posterior venta de acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol a una empresa, Natal Inversiones. Esa venta se dio luego de que se liberara el aumento de los peajes en esos corredores, lo que permitió que la acción de las compañías cotizara 400% más alto que antes de la decisión oficial.
Por instrucción de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de u$s499 millones, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la Justicia penal”, sostuvieron en su momento los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.
Según la resolución de Canicoba Corral, en el caso de Saravía Frías, “no solo fue quien confeccionó y rubrico los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos refiriendo que resultaban jurídicamente viables, sino que también fue quien representó al Estado, en el marco de la demanda presentada el 7 de diciembre de 2015, por ante el CIADI, realizada por Abertis S.A., lo cual le permitió conocer sobre los pormenores de su trámite, tiempos y posibilidades de éxito, caso arbitral que resultó ser el núcleo y justificación, entre otros, del monto reconocido y acordado con las sociedades concesionarias, en los contratos de renegociación integral, a pesar de resultar ser un crédito incierto”.
Sobre Javier Iguacel, el juez resolvió que “acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo, con fecha 18 de agosto de 2017, así como todas las actas complementarias sobre modificaciones al mismo que se labraron posteriormente, pese a todas las irregularidades señaladas”.
