El escrito enviado ayer al juez Julián Daniel Ercolini pide que sin más trámite se cite a los tribunales tanto a los miembros de la Junta Militar y a los funcionarios civiles que participaron de la maniobra como a los responsables de los diarios que se beneficiaron con el despojo que sufrió la familia propietaria de la planta de San Pedro. Se trata del represor Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, el ex secretario de Desarrollo Industrial Raymundo Juan Pío Podestá; la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; su CEO, Héctor Magnetto y su ex secretario de redacción Reinaldo Gregorio Bandini; el director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre, y los directivos del diario La Razón Sergio José Peralta Ramos y Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos.
La presentación hecha por la Secretaría llevó las firmas del titular de la cartera, Eduardo Luis Duhalde, y de su subsecretario de Protección, Luis Alén, y viene a insistir con un pedido que hasta ahora no tuvo respuesta. Sin embargo, la reciente designación de Ercolini al frente de la investigación renovó la expectativa de los querellantes en que finalmente se concrete el demorado llamado a indagatorias, un paso fundamental para el avance de esta causa.
En cuanto al nuevo material probatorio acercado al expediente, se trata de una serie de papers de la diplomacia de los Estados Unidos, que fueron entregados al Archivo Nacional de la Memoria por la National Security Archives, el organismo estadounidense encargado de la desclasificación de documentos reservados.
A partir de ese corpus de memorandos que fueron entregados a Ercolini en un disco compacto, Duhalde y Alén sostuvieron que “se acredita (…) que los propietarios de los diarios Clarín y La Nación actuaron asociadamente con las autoridades de la dictadura cívico militar de aquel momento, para apropiarse ilegalmente de la firma Papel Prensa, y que a partir de ello, establecieron un sistema de control sobre la prensa de nuestro país”.
Asimismo, los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos agregaron que en un memo fechado el 17 de enero de 1980 y como respuesta a un informe del ex embajador Raúl Castro, “en el capítulo relativo a la libertad de expresión se hace expresa mención al temor de los propietarios de pequeños y medianos medios de comunicación, debido a la decisión del gobierno de incrementar el impuesto al papel importado de un 10% a un 45%, lo que los forzaría a comprar el papel de muy superior costo y de menor calidad a la única empresa fabricante de papel en la Argentina, Papel Prensa”.
De este mismo documento resulta interesante, en virtud de discusiones que actualmente se dan en el Congreso de la Nación, un párrafo donde la diplomacia estadounidense remarca que “los propietarios de otros medios temían que los costos adicionales del papel los harían caer, y también apuntaban el potencial de ataques manipulativos a la libertad de prensa si todos los periódicos eran forzados a confiar en una fuente monopólica de papel”.
En cuanto a los otros materiales incluidos en el CD que fue enviado al Juzgado Federal Nº 10, en resumen se refieren a las distintas violaciones a los Derechos Humanos de las que fueron víctimas los miembros del Grupo Graiver, así como el periodista Jacobo Timerman. “Haciendo hincapié en el marcado antisemitismo que se desprendía de las acciones emprendidas contra los mencionados”, agrega el escrito.
En esta nueva presentación ante la justicia, además del planteamiento formal de un pedido que ya se había hecho ante las autoridades judiciales por las que previamente fue pasando la causa, la secretaría aprovechó para recordarle al magistrado recientemente designado que en el expediente –que hoy acumula 14 mil fojas distribuidas en 70 cuerpos– figura un amplio y diverso plexo probatorio, donde destacan las 27 mil páginas del informe oficial Papel Prensa – La verdad, así como el juego de copias certificadas del expediente Nº 2785/85 de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, elaborado por Ricardo Molinas.
Por otra parte, entre esas miles de fojas también se encuentran los materiales que Tiempo Argentino fue publicando a lo largo de sus varias investigaciones sobre el traspaso de Papel Prensa. Vale recordar que en esos artículos es donde, por primera vez, surgieron telegramas desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en los que se describía la persecución de la que habían sido objeto David Graiver, sus familiares y socios.
Todos estos elementos son los que, a pesar del accidentado derrotero que tuvo la competencia del expediente, fueron convenciendo tanto a la Fiscalía Federal de La Plata, a los jueces Arnaldo Corazza y Daniel Rafecas y, por último, a la Sala I de la Cámara Federal Porteña, de que los hechos denunciados constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del plan sistemático desplegado por los militares y sus socios civiles. En paralelo, la otra conclusión clave a la que se arribó en las distintas instancias judiciales fue que esos crímenes, al ser investigados, no pueden escindirse de los intereses comerciales puestos en juego a la hora de expropiar a los Graiver de Papel Prensa y cederla a los tres diarios.
Para la secretaría, esta sumatoria de pruebas amerita que, ya sin más dilaciones, se concrete el llamado a indagatoria para todos los imputados.
Ahora, la pelota la tiene el juez Julián Ercolini. Y lo que está en juego es conocer la verdad.
