“La conciliación consiste en la devolución del terreno que habían comprado, de una manzana. Devolvieron la manzana contra entrega del dinero que había figurado en la escritura”, dijo.
“Las partes se pusieron de acuerdo sobre esa forma de reparar el daño. La fundación recuperó el bien que lo que más les preocupaba. Se va a retrotraer la escritura y en base a eso se me permite aplicar un criterio de oportunidad y así se hizo y por eso pedí el sobreseimiento con consentimiento de ambas querellas y fue dictado por el Juez de Garantías”, dijo.
No obstante, la tramitación de la causa sigue en pie. Había aproximadamente 20 imputados por el hecho que se ventila en Tribunales. “La causa está remitida a juicio. Se va a hacer la audiencia de remisión a juicio en febrero. Estuvo muy demorada por este trámite”, dijo.
Sin embargo, Zabaleta expresó que todavía hay posibilidades de que algunos de los imputados sigan el mismo camino que los Sborovsky. “La fundación está tratando de llegar a un acuerdo de este tipo con los otros imputados antes de hacerse la audiencia o antes de remitirse la causa a juicio. Se evaluará esa situación por parte del Ministerio Público. Sé que está trabajando la querella. Cuando hablo de la querella hablo de la Fundación y su interventor. Están trabajando para llegar a algún tipo de acuerdo”, expresó.
Pero no todos tienen la posibilidad de arribar a un sobreseimiento. Desde Fiscalía dejaron trascender que se opondrían a un acuerdo similar con los principales imputados en la causa tales como Jorge Robinson y una escribana. Eventualmente, desde el Ministerio Público fiscal podrían llegar a admitir un juicio abreviado tal como lo hizo Mario Siebzehner. “Fue condenado el año pasado o este año a una pena de cumplimiento condicional y obligado a cumplir reglas de conducta”, dijo Zabaleta.
La causa, iniciada en el año 2013, se denomina “Naranjal de Pereda” dado que involucra un predio de más 20 hectáreas contiguas al Parque San Carlos que fueron comprados a la familia Iturburu y que se conoce en Concordia con ese nombre. Aunque existen varias estimaciones dinerarias, se habla de alrededor de 2 millones de dólares. Se trata de terrenos con un valor de mercado de aproximadamente US$ 120 el metro cuadrado que fueron vendidos aproximadamente US$ 15, generando un perjuicio patrimonial evidente a una fundación denominada “Ayuda psico-somática San Antonio de la Concordia” creada a comienzo de la década del 60, que compró ese terreno para construir un hospital para enfermos mentales.
El punto central de la investigación fue descubrir que los directivos vendían esos terrenos a precio vil en rigor el precio que hacían figurar, no el real. En otras palabras, la denuncia apuntaba a demostrar que un predio destinado a servir con un fin solidario estaba siendo utilizado para un negocio privado.
