De esa forma, el Tribunal decidió absolver de culpa y cargo a Larrocca para quien la fiscalía había pedido la pena más contundente por considerarlo instigador del delito de falsedad ideológica de instrumento público, en concurso ideal con peculado y en calidad de partícipe necesario.
El tribunal apeló al principio jurídico denominado ‘In dubio pro reo’ es un principio jurídico que significa: ‘en caso de duda, a favor del acusado’. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, deben demostrar mediante los elementos de prueba de que dispongan la culpabilidad del acusado. Y deben hacerlo sin ningún género de duda, según señala la página conceptosjurídicos.com. Hay que recordar que el abogado defensor, Jorge Romero, durante la lectura de los alegatos, señaló que, a su criterio, las pruebas recolectadas por el fiscal no llegaban a ser de tal contundencia que no dejara otra alternativa al tribunal que condenar, solo se basaba en cuestiones “indiciarias”.
Asimismo, Romero se tomó el trabajo de leer buena parte de las más de 70 escuchas telefónicas para dejar en claro que no se lo nombraba a Larocca como autor del delito que se investiga. “No surge de ningún lado prueba que haya instigado a la falsificación” dijo. También rechazó la figura del “peculado” porque “los fondos llegaban para pagar al contratista”. Incluso, Larrocca, abogado de profesión, había alegado en su favor y dijo que estaban ante la ‘demonización’ de su figura.
Además, esta mañana los jueces decidieron absolver al maestro mayor de obras, Alexander Doubña del delito de peculado, por falta de acusación fiscal, pero lo condenó a un año de prisión condicional por falsedad ideológica de documento público. Además, debe realizar trabajaos comunitarios no remunerados por un plazo de 200 horas.
En cambio, Caprarulo, Gallo y Degano lo encontraron como autor penalmente responsable al empresario constructor Segovia de falsedad ideológica de instrumento público y partícipe necesario del delito de peculado. Por ello le impusieron una pena de tres años y seis meses de cumplimiento efectivo y le trabaron un embargo de $ 800.000 sobre sus bienes.
La causa se inició en 2018 por una denuncia del actual intendente de Los Charrúas, el vecinalista Ariel Panozzo Zenere, quien puso de manifiesto que en el municipio figuraban como concluidas dos obras que no había sido terminadas pero ya se había pagado el 100 % de las mismas. Se trataba de una obra de cordón cuneta y de red de cloacas.
Una de las obras por las que se llevó a cabo el juicio, valuada en ese momento en $ 1.200.000, consistía en la ejecución de 1.875 metros lineales de cloacas, 14 bocas de registro y alrededor de 300 conexiones domiciliarias. Por esa obra se firmó el certificado de finalización y fue formalmente aceptada por Chaparro y por el funcionario responsable de inspeccionarla, aunque tal como se comprobó en la investigación, quedaron sin ejecutar la mitad de los trabajos. La otra obra adjudicada que motivó la denuncia en marzo de 2017 preveía la construcción de 1.576 metros de cordón cuneta, más algunos badenes, valuado todo en $ 1.400.000. También se realizaron la mitad de los trabajos, aunque en los certificados de obra aparece como totalmente concluida.
En abril pasado, en una audiencia, el ex intendente de Los Charrúas, Rubén Darío Chaparro, confesó lisa y llanamente haber sido culpable de defraudación al Estado por un monto de más de 1 millón de pesos al año 2013. “Acá se certificaron las obras para pagarle de más al empresario a cargo de las mismas”, dijo el 29 de abril a DIARIOJUNIO el fiscal Arias.
Chaparro recibió una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una multa de $ 90.000 y el cumplimiento de reglas de conducta como trabajos comunitarios además de no formar parte de asociación o fundacional gubernamental o no gubernamental.
En ese momento, además de Chaparro, estaban acusados el asesor letrado de la intendencia en ese momento y actual presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, Julio Cesar Larrocca, Alexander Doubña, un maestro mayor de obras responsable de la inspección de los trabajos, “quien certificó como finalizada una obra que no lo estaba” y un empresario que debía ejecutar las obras públicas.
Informe: Guillermo Coduri
