Los delitos que -según la acusación- habrían sido cometidos en los años 2014 y 2015, mediante la falsificación de certificaciones de avance de obras del programa ‘Más cerca, más municipio, mejor país, más patria’, para que se liberaran millonarios pagos por trabajos que no se habrían realizado.
Larrocca comenzó alegando que parecería ser el villano de la película y alrededor hay un sinnúmero de víctimas que podrían ser el maestro mayor de Obras Alexander Doubña, el ex intendente Rubén Chaparro, además de otros funcionarios municipales como el contador o el tesorero.
Luego dijo que la causa comenzó en 2017 pero hasta agosto de 2018, él no aparecía en ningún momento. No obstante, a raíz de otra indagatoria, de Doubña, el fiscal “comienza a introducir el nombre de Julio Larrocca”. Más adelante, sostuvo que ha quedado demostrado a lo largo del debate que el fiscal realiza un procedimiento donde conmina a otras personas a que hablen para incorporarlo como prueba. Y como prueba trajo a colación dos conversaciones entre Doubña y Chaparro en donde el primero “insta al intendente a que hable para ir incorporando todos los elementos que luego son aportados a la causa”.
“Crearon toda una fábula, pero lo cierto es que estamos al arbitrio de la ley N° 10.027 de Municipios en el artículo 107° habla de la obligación y de la responsabilidad del presidente municipal quien es cabeza del departamento Ejecutivo municipal. Y esa ley se conjuga con la ordenanza N° 054/05 que se denomina ‘ley orgánica de municipios’ que es la que establece las responsabilidades administrativas…habla de la responsabilidad de los funcionarios y habla de las secretarías que componían la municipalidad de Los Charrúas”, indicó. Larrocca señaló que a la cabeza de la municipalidad estaba el intendente secundado por dos secretarios y un contador que hace las imputaciones presupuestarias pero el ministerio público fiscal “lo ignoró”.
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Asimismo, remarcó que se toma como prueba una conversación telefónica privada a través de un aparato que estaba intervenido con su esposa para “dar por reconocido todo”. No obstante, reafirmó que nunca reconoció nada tal como quedó acreditado en más de 70 escuchas. “Con cuantos hablaba les decía que no tenía nada que ver”, indicó.
El ex asesor legal se preguntó si cabe cuestionarse si todos los que conducían la municipalidad eran “incapaces”. “¿Cómo ejercían las funciones del municipio si eran incapaces?”, manifestó la inquietud. Pero luego sostuvo que tanto el intendente como el secretario de Gobierno, la secretaría de Hacienda, el contador, el tesorero ni el inspector de obra “eran incapaces”. “Pero el único responsable soy yo”, indicó.
En otro párrafo, señaló si no era obligación del inspector de obra Doubña ante la conminación a cometer un hecho ilícito la obligación de denunciar ante su superior jerárquico, los funcionarios del intendente, ante el colegio de Maestros Mayores de Obra o directamente acudir a la Justicia.
Larrocca dijo que estaban ante la ‘demonización’ de su figura. Remarcó que le pidieron seis años de prisión a una persona que “solamente firmó un dictamen de una comisión evaluadora”. Además, señaló que se valoró negativamente la confección de un decreto. “Si es mi tarea ¿Cómo no voy a confeccionar los decretos? Es mi tarea”. “Ahora esto me hace acreedor, que se me endilga la participación necesaria en un hecho que, en todas las escuchas, he dicho hasta el cansancio que no tengo nada que ver, que no intervine ni puse la pistola a nadie en la cabeza ni coacciona a que hagan lo que hicieron. Eran todos personas capaces, no puedo admitir que ahora sean todos disminuidos mentales, incapaces; ningún discernir, ninguno era libre, todos eran esclavos. ¿Esclavos de quién? ¿De quién les está hablando? No les parece que eso raya con el absurdo”, indicó.
Incluso, sostuvo que si el tribunal se tomase a quienes comandaban la municipalidad como “una banda para cometer delitos, bueno en esa banda faltan”. No obstante, aclaró que no coincidía en lo más mínimo con esa idea. Finalmente, luego de cerrar el alegato, adhiriendo a lo expresado por su abogado Romero, reclamó su propia absolución.
Por su parte, Romero sostuvo que el 95 % de la causa en el debate se refería a Larrocca. Incluso, mencionó que se había formado una película con un guión. Pero recalcó que la prueba debe ser tan intensa que no le queda otra alternativa al titular que establecer una condena. No obstante, a su criterio, las pruebas recolectadas no llegan a ser de tal contundencia, solo se basa en cuestiones “indiciarias”.
Además, el abogado se tomó el trabajo de leer buena parte de las más de 70 escuchas telefónicas donde dejaba en claro que no se lo nombraba a Larocca como autor del delito que se investiga. “No surge de ningún lado prueba que haya instigado a la falsificación” dijo. También rechazó la figura del “peculado” porque “los fondos llegaban para pagar al contratista”
El defensor hizo notar, en otra parte de los alegatos, que en los cuartos intermedios se encontraban el fiscal con Briceño, defensor de Doubña, dando a entender que había una estrategia previa en común entre ellos. Cabe acotar que Arias pidió para el inspector de obras un año de prisión condicional, reglas de conductas por dos años y trabajos comunitarios.
Objetan las escuchas y los mensajes
En tanto, el abogado defensor del contratista Segovia, Oscar Bacigaluppe, comenzó alegando que se había violado el derecho de defensa ya que tanto el fiscal como Briceño tomaron como válidas pruebas como las escuchas y los mensajes de Wathsapp cuya validez aún está pendiente de resolución. Para el abogado, está desnaturalizado el proceso como resultado de la impugnación que hizo.
“No tengo armas para defenderme de una prueba que no ha sido tomada como válida”, dijo en referencia a las escuchas y los mensajes. Pero adentrándose superficialmente en la escuchas -a las que objetó como pruebas válidas una y otra vez- dijo que en las mismas se lo atrapa a Segovia por conversaciones de otras personas, no porque Segovia haya dicho algo que lo autoincrimine.
Otro de los argumentos que desplegó fue señalar que los certificados de obra son nulos y no falsos porque Doubña no fue nombrado por decreto. También se preguntó por qué motivo no se realizó una pericia para conocer el avance de la obra y lo invertido por el empresario contratista.
Bacigaluppe sostuvo que tampoco había actores civiles como el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) o la provincia reclamando por la no finalización de una obra que ya había sido pagada. Y lo atribuyó a que no fue presentada el acta de final de obra.
Por último, pidió la absolución ya que su cliente no podía ser el autor de los certificados de obra falsos y también rechazó la acusación de peculado. “No existió la más mínima entrega de dinero por causas no válidas, lo que entró fue por trabajo realizado”, indicó dejando en claro que se podría cuestionar lo realizado, pero no hubo peculado.
Cuatro de copas
El primero en alegar esta mañana fue Briceño quien sostuvo que el maestro mayor de obras fue “coaccionado para confeccionar falsificaciones falsas; fue constreñido a concretar falsificaciones de obra”. “A mi pupilo lo apretaron”, adujo el letrado. Y mencionó que eso se debió a que estaba amenazado de ser despedido. De esa forma, hubiese perdido el único ingreso en su hogar con un hijo a cargo, el sueldo municipal.
Al mismo tiempo, dejó en claro que había una asimetría en las relaciones entre un maestro mayor de obras joven respecto del intendente de esa localidad y de un asesor legal de amplia trayectoria y tres décadas de labor en la justicia como Larrocca. “El intendente tiene poder y Larocca tiene y tuvo poder”, alegó Briceño. Y recordó un diálogo con Larrocca donde lo señalaba con el dedo tal como lo hizo con el fiscal durante el juicio. “Dubña no tuvo libertad de decidir. Ellos tenían la libertad y el poder para coaccionar” recalcó Briceño.
“¿Que podía hacer Doubña ante eso?” Se preguntó el letrado, “¿irse? ¿Qué quede en la calle? ¿Que haga pasar hambre a su familia? Un hombre se somete para ayudar a sus seres queridos”. Tampoco pasó a planta permanente como insinuó algún testigo cómo pedido para hacer los certificados. Briceño leyó algunos chats donde se demostraba que Doubña era un instrumento. “Era utilizado como se lo trata a un cuatro de copas”, dijo.
De hecho, sostuvo que al principio le pagaban el abogado desde la comuna para que no se salga del carril. “Era la carne de cañón, junto con Segovia quizás no lo sé, para que no se los impute a los demás”, recalcó el letrado. No obstante, el inspector de obra desconfió y nombró un nuevo abogado que lo defendiese.
Por último, Doubña pidió la palabra y sostuvo “a mí me pintaron una cosa, que iba a ser una obra, que iba a cobrar la certificación la cual al finalizar tampoco me pagaron”. “Voy a pensar 8.000 veces, 100.000 antes de firmar algo de lo que no estoy seguro”, dijo quien sostuvo que le cambió la vida ya que vive en un pueblo chico donde: “me hicieron pedazos”. Se tuvo que ir a trabajar a Colonia Ayuí y se tuvo que volver también. “Espero que esto se termine pronto”, reclamó.
Por último, Briceño pidió la suspensión del juicio a prueba y acogerse a una probation, (cuestión que el tribunal decidirá cuándo dicte la sentencia), que se lo absuelva o que se le dicte el pedido de un año en suspenso, bajo reglas de conducta tal como las pedidas por el fiscal.
Informe: Guillermo Coduri
