En el proceso también son juzgados el hermano del ex legislador de Islas, Carlos Fernando Pacayut; los empleados públicos Norberto Turrés y Carlos Alberto Lovera; los contadores Rafael Alberto Morana y Julio César Ivanovich; y el arquitecto Alberto Víctor Gavio.
Según publicó El Once, La defensa de los imputados reclamó la nulidad del segundo proceso y que se resuelva un recurso de prescripción presentado en la primera etapa de la instrucción. Al adherir al pedido del letrado Díaz, el defensor de Pacayut, Julio Federik, sentenció: “Apoyamos el planteo del doctor Díaz, pero aclaramos que no hicimos el planteo porque queremos discutir todas y cada una de las pruebas que dice la requisitoria tiene contra nuestros defendidos”, y afirmó que quienes representa “hace años que fueron colocados en el banquillo de la humillación”.
Por su parte, el fiscal Rafael Cotorruelo, cruzó a las defensas que los argumentos de pedidos de nulidad y prescripción “reitera algo que ya había sido resulto”, y señaló: “El pedido de prescripción en su momento fue rechazado por falta de fundamentos, porque ahora se hace referencia al Artículo 466, cosa que antes no se realizó”.
Luego, apuntó que la prolongación de la causa se dio por “los sucesivos planteos de las defensas, a los cuales se hizo lugar. No podemos venir a decir que sentamos a los acusados después de haber sido objeto durante tantos años de escarnio público, porque el tiempo tiene que ver con todos los recursos presentados por las defensas”. Y, en ese contexto, reclamó que se conforme la oficina en el Ministerio Público Fiscal que debe investigar hechos de corrupción, “para lo cual hacen falta recursos”, afirmó. “Que ellos estén aquí sentados es un éxito de la acusación”, enfatizó, y remarcó: “Nos preguntamos quiénes nos dan esos recursos (para investigar estos hechos) que son los poderes a los cuales este Poder investiga”, en alusión al Ejecutivo provincial.
En la causa se investiga qué destino tuvieron unos 20 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron destinarse a la construcción de un puerto de aguas profundas en el Departamento Islas, en el sur de la provincia. El delito por el que se acusa a Pacayut es el de peculado -apropiación de dineros públicos- y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento Pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA.
