El Dr. Martín Carbonell integra junto a Carlos Larrarte y Miguel Giorgio el tribunal que debe enjuiciar al ex senador Mario Yedro y su esposa Silvia Fernanda Torres.
Ambos están procesados por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, mientras estuvieron en la función pública.
En diálogo con DIARIO JUNIO, Carbonell explicó que “la defensa de los procesados presentó un pedido de nulidad del tipo penal del enriquecimiento ilícito y hasta que se resuelve esa cuestión se suspende las audiencias del viernes y las que estaban previstas para la semana que viene”.
El Código Penal de la República Argentina establece que se entenderá que hubo enriquecimiento cuando no se justificara “la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.
En este delito se revierte la carga de la prueba y es el acusado el que debe demostrar su inocencia, demostrando que su patrimonio no creció gracias a la función pública.
La audiencia que nunca llega
Tal como se había adelantado, estaba previsto que el próximo miércoles 25 de agosto, compareciera ante el tribunal el propio Mario Yedro.
Ahora la nueva fecha para el comienzo de las audiencias “depende de lo que resuelva el tribunal y de la fecha en que quede firme esa resolución”, según explicó el propio Carbonell.
La dilatación de la causa va a depender que las partes acepten lo que determine el tribunal local, o porque los resuelve el Superior Tribual de Justicia, en caso de algún recurso contra dicha resolución.
Probation
En la jornada del viernes pasado también se debía resolver sobre un pedido de probation, la cual fue presentada por Jorge Romero, con le fin de favorecer a Silvia Torres.
Carbonell explicó a DIARIOJUNIO que “el pedido de probation fue presentado hace tiempo, lo cual queda sin efecto”, dependiendo de lo que resuelva el tribunal, en el pedido de inconstitucionalidad.
La “probation” es una medida que consiste en adelantarse a una posible condena y suplantar el juicio por trabajo comunitario en instituciones públicas. Con este pedido se pretende reparar de algún modo un daño causado y de alguna manera se reconocería cierta responsabilidad.
Lo beneficioso de la “probation” es que luego de las tareas comunitarias queda sin efecto la acción penal. De esta manera no personas no recibe un castigo concreto y su foja de servicios queda intacta, quedando incluso habilitada para volver a ocupar cargos públicos, si la justicia lo permite.
