“El primer hecho a denunciar reviste una gravedad institucional incalculable ya que dejó al descubierto no sólo la política criminal de la Fiscalía Anticorrupción sino que dejó en evidencia una práctica del Ministerio Publico Fiscal de no aplicar una política criminal coherente sino una especie de ‘caso por caso y según la cara del imputado’, se indica en el pedido de enjuiciamiento.
“La procuradora adjunta es casada con el contador Orlando Bertozzi quien es, a su vez, socio de Pedro Opromolla en un estudio contable investigado en la causa de corrupción más escandalosa de la historia contemporánea entrerriana”, se señala.
En otro párrafo de la presentación, se señala “la responsabilidad de Jorge Amílcar García” por haber designado “a dedo” a Goyeneche y por ser “responsable del fracaso de la política criminal en Entre Ríos y deberá dar explicaciones por eso”.
“Los magistrados ganan entre 3 y 4 veces más que el funcionario que más gana en los otros poderes del Estado, los fundamentos residen en la intangibilidad de los sueldos y en la necesidad de dotar de grandes emolumentos para que no se vean seducidos por la corrupción y tengan la tranquilidad de espiritual por lo que no se entiende la relación entre Goyeneche, Opromolla, Bertozzi que se desarrollará en esta denuncia”, se señala.
La causa
“Si bien el MPF como con otras causas omitió poner a disposición publica el auto de apertura de causa que fue realizado por Goyeneche, al igual que la solicitud de medidas al Juzgado de Garantías y la investigación en su flamante cargo de Fiscal Anti Corrupcion, la causa es por la supuesta confección de contratos truchos a cambio de una ínfima suma de dinero para así hacerse de la diferencia”, se señala.
En la nota se recalca que el oficialismo y la oposición se encargaron de que trascienda la menor información posible “ya que todos de alguna manera tienen temor de que se dé a publicidad de los fondos que ocupa cada legislador, la cantidad de contratos y los nombres de los beneficiarios”, se señala.
“Nunca quedó claro quien pedía las contrataciones, ni quien las concedía. La cuestión que la causa pretende presentar a la sociedad una ‘banda’ integrada por empleados rasos de la cámara que sustrajo durante 10 años al menos sumas de dinero que, según la propia pericia, ascenderían a poco más de $ 1.100 millones”.
“De la misma investigación surge que los investigados no son poderosos políticos y no tienen una vida compatible con miembros de una organización que ideo y ejecutó el saqueo más importante de la historia entrerriana”, se remarca.
En otro párrafo, se señala que “un grupo de personas se encargaba de extraer fondos de la legislatura provincial a través de contratos truchos, armados con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado. Y solo percibían una ínfima parte de lo pactado. El resto quedaba para los miembros de la organización”.
“Detrás de los contratos truchos estarían los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Legislatura de Entre Ríos desde el 2008 a 2018, funcionarios de mediano rango de la Legislatura, personas encargadas de la logística, un estudio contable y senadores nacionales que financiaban a la organización con contratos del Congreso nacional”, se expresa.
“Esos contratos truchos habrían comenzado en la Cámara de Senadores de la provincia en enero de 2008, con alrededor de 100 contratos, que llegaban a los $ 4.500 cada uno. En septiembre de 2018, la suma habría aumentado hasta llegar a los $ 50.000 por contrato. En Diputados, la actividad ilícita habría comenzado en 2011, con contratos de $ 5.000 que también aumentaron hasta llegar a $ 50.000. En total, se llegaron a realizar contratos de obra con 350 contratistas, por lo menos. Se estima que el monto usurpado del estado por parte de los miembros de la organización superaría los $ 1.100 millones”, se remarca.
El avance de la causa
“Goyeneche era la nueva fiscal anticorrupcion. En Entre Ríos había optimismo que se había llegado al corazón del saqueo, empezaron los allanamientos, los trascendidos, las prisiones preventivas y el desarrollo de la causa que este tribunal debe estudiar minuciosamente”.
“El miércoles 5 de diciembre y el viernes 7 de diciembre de 2018, el periodista Néstor Bellini del diario de Paraná revela la vinculación entre la fiscal anticorrupción y uno de los imputados, socio y amigo de su marido, Pedro Opromolla”.
En la nota se transcribe el artículo periodístico titulado. “Contratos truchos: una vinculación podría complicar la investigación”
“Un contrato de adhesión al “Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165”, celebrado el 17 de marzo de 2015, y un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, exhibirían una vinculación que pondría en crisis la investigación que se lleva adelante para determinar las múltiples responsabilidades en la causa por supuestos contratos truchos en la Legislatura provincial. La vinculación es entre la fiscal Cecilia Goyeneche, titular de la Fiscalía Anticorrupción, y Pedro Opromola, sindicado en la mega causa.
EL DIARIO accedió a copias del contrato de fideicomiso y de locación. En el primero, Goyeneche y Opromola figuran como fiduciantes, en tanto que Luis Sebastián Orlando Bertozzi y José Lino Churruarin, figuran como fiduciarios. Orlando Bertozzi es el esposo de Goyeneche. Churruarin es el ex esposo de la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Badano. Mientras que en el contrato de alquiler de un inmueble ubicado en calle 9 de Julio, en Paraná, la fiscal y el contador figuran como locadores.
Fuentes judiciales consultadas resaltaron que Opromola y sus socios sindicados en esta escandalosa causa aún no fueron inhibidos como sí lo fueron Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure y Sergio Esteban Cardozo, quienes compartieron tiempo atrás, oficinas en el estudio contable de Opromola, sito en calle Misiones 276. Incluso se señaló que Faure y Pérez están privados de la libertad en la Unidad Penal Nº1 con prisión preventiva”.
“Esta primera nota en cualquier provincia seria debería haber generado un escándalo con la inmediata renuncia de la fiscal anticorrupción, porque mas allá de la verdadera relación entre ella, Bertozzi y Opromolla, ya era suficientemente grave como para apartarse de la causa que llevaba con beligerancia adelante allanamientos, personas privadas de su libertad, que además hoy nos enteramos que utilizaron recursos del Estado para seguir una investigación en la que no era competentes”.
“La señora Goyeneche no solo era socia o titular de un inmueble con Opromolla sino que alquilaban un inmueble y tenían como domicilio de pago el estudio allanado. Si esos elementos no son suficientes para considerar que no podía ser objetiva y que aun recusada se agarró más de la causa, motorizó reuniones de defensa, actuaciones de la Asociación de Magistrados, formó una comisión de fiscales en las que puertas adentro dio explicaciones y salió hablando de mafia cuando acá la única mafia es la que se robó más de $ 1.000 millones que no fueron a rutas, hospitales, escuelas”.
“Es evidente que la investigación que ella regenteaba no tuvo la misma ferocidad con un estudio contable que con otro por el mismo relato del hecho de los propios fiscales, la función no era la misma, porque fueron tan duros con unos y blandos con otro. Opromolla no pasó n un día demorado, Bertozzi cobraba un contrato de alguna cámara como contraprestación, s investigó si Bertozzi era parte del estudio o lo fue durante el periodo de sospecha, Quizás haber sido el marido de la jefa de la investigación pudo haberle sido provechoso”.
Más adelante, Reggiardo sugirió que en caso de prosperar la causa contra la fiscal se convoque como testigos a los periodistas Néstor Bellini, Federico Malvasio y Daniel Enz; a los abogados Leopoldo Cappa y Miltón Urrutia; al jefe de Fiscales, Jorge Amílcar García, a los fiscales a cargo de la investigación Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, a las juezas Marina Barbagelatta y Carolina Castagno, y a los abogados defensores de la causa.
