Recordamos este artículo de la Constitución de Entre Ríos porque pareciera que Julio Rodríguez Signes, que viene ocupando la fiscalía de Estado desde hace más de una década, no conoce sus responsabilidades como funcionario para la defensa del patrimonio de los entrerrianos.
Y no es algo que se nos ocurra decir ahora, desde hace una década venimos denunciándolo[i] porque a lo largo de los años hemos sido testigos de su falta de interés en hacer honor al mandato constitucional de defender el patrimonio público, avalando e incluso diseñando estrategias a favor de los intereses particulares que permanentemente están al acecho de los tesoros del Estado (VER NOTA)[ii]. Para los desmemoriados solo mencionaremos las dos últimas defecciones de R. Signes: la causa Amarras y más recientemente, y en curso, el desastre económico ambiental de las areneras en Ibicuy. Aunque la mayor de sus acciones, la que pudo haber sido la mayor estafa de la historia de la provincia: Arroz del Delta Entrerriano SA[iii], fallido evento, que no registra antecedentes por su desmesura, cuya crónica se puede consultar al final de esta nota y que tuvo a Rodríguez Signes como uno de sus mentores más destacados, junto con el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex secretario de la Producción Roberto Schunk.
El proyecto cedía a ‘ignotos’ particulares, por 99 años, (cuatro generaciones) más de un millón de hectáreas de tierras fiscales y Rodríguez Signes declaraba, sin que se le cayera una pestaña,“con este proyecto no se privatiza un centímetro de tierras públicas de la provincia”(SIC)
CAUSA CONTRATOS: UN COMPLOT DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA Y LA JUSTICIA DE ENTRE RÍOS PARA EXCULPAR A LOS PRINCIPALES RESPONSABLES.
Para los que no recuerden: las Cámaras, de Senadores en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y la de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, o sea durante una década, imaginaron y ejecutaron un mecanismo criminal para robar cientos de millones de pesos a valor de aquel entonces, hoy serían decenas de miles de millones) utilizando un método inhumano si los hay:buscaban personas en estado dedesesperación económica, a quienes les hacían firmar contratos ilegales, cuyos beneficios las víctimas no percibían, solo una migaja, porque los obligaban a firmar recibos en blanco y ceder las tarjetas bancarias a los ejecutores de estemonumental desfalco,personas desesperadas que por un mendrugo se avenían a la complicidad con estos inmorales. Y no estamos hablando de algunos pocos contratos irregulares, estamos hablando de no menos de 770, o sea un desfalco de una magnitud enorme, ocurrido durante una década, lo queper se dice que es absolutamente imposible que hubieran sucedido estos hechos sin el conocimiento ni aval de los presidentes de las respectivas cámaras legislativas, incluso del mismísimo gobernador Urribarri, cuyo cuñado y hombre de máxima confianza tuvo un rol protagónico en estos hechos. ¿Dónde están las requisitorias legales a las vacas sagradasdel oficialismo, Pedro Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Orlando Cáceres, Adán Bahl, Aldo Ballestena, entre otros todos necesariamente involucrados con estos hechos, y a las de los legisladores de la alianza opositora Pro/Cambiemos/UCR partícipes necesarios, también involucrados en este descomunal desfalco a los tesoros del Estado?
Insistimos, es absolutamente imposible imaginar que los presidentes de las cámaras ignoraran lo que sucedía, todo lo actuado está avalado con sus firmas.Es grotesco y escandaloso que los investigadores de la causa y el Fiscal de Estado no los imputen.
Quienes investigaron los hechos, en un gesto sin parangón en la crónica judicial, no incorporaron a los máximos responsables de los sucesos a la lista de los inculpados y ni siquiera los llamaron a declarar. Algo absolutamente inverosímil que solo se podría explicar en un complot entre el fiscal de Estado, el entramado judicial que investiga la causa y los que deberían estar imputados en primer lugar, o sea los presidentes de las cámaras en los períodos en que ocurrieron los hechos.
Uno podría pensar que creen que la mayoría de los entrerrianos somos estúpidos, pero lo que se hace evidente ocurre es que actúan como una casta mafiosa extendida a las máximas jerarquías del gobierno y también de la justicia. No hay otra forma de explicar este bochornoso dictamen de los fiscales y del Fiscal de Estado. Los nombres que faltan en la lista gritan a todos los vientos la complicidad de la justicia entrerriana con el ocultamiento de estos hechos.
EL LISTADO DE LOS HASTA AHORA IMPUTADOS, LAS ESTRUENDOSAS AUCENSIAS SOLO SE ENTIENDEN CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO Y LA JUSTICIA
Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Esteban Ángel Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Verónica Caíno, Alejandro Rubén Ferreyra, Fernando Gastón Sarnaglia, María Jazmín Me3na Gioveni, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro José Luis Almada, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Guido Daniel Krapp, Renato Jesús Mansilla, Jorge Daniel De Breuil, Héctor Gustavo Falco, Nicolás Beber, Jorge Pablo Balladares, José Javier Schneider y Viviana Giselle Mena Gioveni.
Los hasta ahora demandados son: el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el funcionario del Senado Juan Pablo Aguilera; el actual vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Juan Domingo Orabona; y el contador Jorge Fabián Lázzaro.
La causa seguramente recorrerá un largo camino de apelaciones y elevaciones a la SCJN, muchos abrigamos la esperanza que en estas instancias sean incluidos los obviados, tanto por parte de los fiscales de la causa como por parte del Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. Incluso estos últimos deberían ser incluidos por su evidente y bochornoso incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
Actúan con el descaro de quienes se piensan inmunes, que están más allá de la justicia, pero la historia esta llena de eventos similares por los que finalmente los responsables han tenido que asumir su culpabilidad y consecuencias.
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ARROZ DEL DELTA ENTRERRIANO SA
Esto Decíamos de este abortado proyecto en 2012 “ El proyecto pergeñado para quedarse gratis con centenares de miles de hectáreas de las tierras más fértiles del planeta y que los entrerrianos les regalemos un crédito por 50 millones de dólares es de una factura tan grosera que solo puede haber sido concebido en la embriaguez de un triunfo electoral prestado y desde la subestimación de la capacidad de análisis de quienes nacimos en esta provincia.”
Urribarri, cuando gobernador, y Rodríguez Signes, su Fiscal de Estado imaginaron este monumental desfalco solo parangonable con la apropiación de millones de hectáreas por parte de una decena de familias durante el siglo XIX, en la jornada que pomposamente llamaron La Conquista del Desierto (SIC). Quedan invitados a leer la nota referida para comprender no solo la magnitud de la estafa planeada sino también la inhabilidad moral de los legisladores de entonces que le aprobaron el proyecto al ejecutivo por unanimidad. Proyecto que al día siguiente de ser aprobado el mismo Urribarri debió derogar, en un hecho que no registra antecedentes, por el monumental escándalo que se desato, inmediatamente de la sanción de la ley.
A lo largo de la década hemos seguido denunciando en infinidad de ocasiones la falta de honra a las funciones conferidas, al Rodríguez Signes, por respeto a la paciencia de los lectores no abundaremos en detalla así que iremos al objeto de esta nota.
[i]http://fundavida.org.ar/web2.0/nunca-fue-gratis-traicionar-el-mandato-popular/
[ii]http://www.laopinionpopular.com.ar/opinion/277-urribarri-no-podra-concretar-la-ley-10092.html
[iii]http://fundavida.org.ar/web2.0/%c2%bfarroz-del-delta-entrerriano-s-a/
