Giorgio argumentó durante casi tres horas en conjunto con Oscar Bacigaluppe, letrado defensor del ex intendente Juan Carlos Cresto, los ex secretarios Alfredo Francolini y Daniel Martínez y el resto de los concejales.
El abogado planteó la defensa en base a tres puntos.
• Punto 1: “la disposición final de la basura como servicio público” En este sentido, explicó que la Ley Nacional Nº 25.916 (Residuos Sólidos Urbanos) no está vigente en Entre Ríos. Los ex diputados Jorge Busti, Juan José Jodor, Lidia Nogueira y Santiago Bescos contestaron por oficio y disintieron entre sí. “Dos dicen que no está vigente, otro que podría estar vigente y otro que está vigente”, indicó. Por lo tanto, ante las contradicciones de los propios legisladores, como mínimo no hay certeza al respecto. Los abogados directamente alegaron que la norma no está vigente y, por lo tanto, no es un servicio público.
Al mismo tiempo, Giorgio aseguró que, de estar vigente la ley, hubo una “mala interpretación” de la misma. “Esa ley no habla de servicio público sino de presupuestos mínimos. Lo que hizo el Congreso nacional es regular los presupuestos mínimos y nada más”, dijo. Como ejemplo, mencionó que la ley establece que la gestión integral de residuos domiciliarios se compone de siete etapas. La primera es la gestación. “Es lo que cada uno en su casa genera y lo saca a la calle en una bolsa. Hice un supuesto burdo diciéndole que no es un servicio sino cada uno tenemos que hacer una licitación, es un absurdo”, indicó.
• Punto 2: “Evidencia de dolo directo en la actuación de los acusados” Giorgio explicó que para ello se requiere que la fiscal demuestre que al momento en que los funcionarios firmaron el decreto y los concejales que avalaron la ordenanza “tenían conocimiento de que se trataba de un servicio público y quisieron violar la ley”. En ese supuesto, los acusados debían saber que tenían que efectuar el procedimiento de licitación pública previa a la firma del convenio y de la aprobación de la ordenanza. Pero Giorgio sostuvo que todos los abogados que intervinieron declararon descartando que se haya tratado de un servicio público.
En tal sentido, el letrado aseguró que a través de los testimonios y demás pruebas, es que, en el peor de los casos, hubo un “error”. “Y ese error excluye al dolo directo porque la figura penal establece que tiene que haber conocimiento de que se trataba de un servicio público. No se demostró el dolo directo”, dijo. Por lo tanto, solicitó la absolución en ese punto.
• Punto 3: “Error de prohibición”. Giorgio explicó que los acusados hicieron la consulta pertinente a los abogados. En consecuencia, “el dolo no es de ellos: es decir actuaron por un consejo mal dado”. Como ejemplo, mencionó que un padre de familia concurre a un médico para atender a su hijo que está grave. El médico le receta una pastilla que provoca la muerte del niño a los pocos minutos. Un fiscal le imputa al padre el delito de homicidio doloso por haber matado a su hijo. Giorgio explicó que el acusado puede alegar que no es médico y que actuó aconsejado por un profesional de la salud. “Si alguien se equivocó, no fue él”, dijo en referencia al ejemplo.
