En su resolución de fecha 5 de octubre pasado, el Tribunal hizo especial hincapié en lo que consideró la cuestión medular del caso: “dirimir si la disposición final de residuos sólidos se encuentra incluido en el marco de los servicios públicos municipales o la actividad pública del municipio se limita a su recolección”, tal como alegaban los imputados.
En tal sentido, la Cámara revisora aclaró que “contrariamente a lo que sostienen los apelantes, no resulta necesario una adhesión expresa de la provincia a la ley Nº 25.916 en tanto la misma fija expresamente presupuestos mínimos vinculados a la protección ambiental en el sentido del art. 41 de la Constitucional Nacional. “En todo, lo que atañe a nuestro Poder Legislativo provincial es dictar las normas `necesarias para complementarlas…´, de conformidad a la manda constitucional”. En consecuencia, el Tribunal concluyó que los apelantes habían incurrido en una interpretación errónea, al afirmar que el Juez había aplicado una ley no vigente en el territorio provincial.
El servicio de recolección y disposición final de los residuos, dice el fallo, es “un servicio público, pues importa una actividad que refiere a una cuestión de interés público, reconocido constitucionalmente ya desde año 1994, como es la sanidad del medio ambiente y resulta a juicio de este Tribunal absolutamente arbitrario escindir la actividad de recolección de la de tratamiento”.
El pasado 22 de mayo el juez Gregorio Martínez procesó por el delito de violación a los deberes de funcionario público, a Cresto, a los ex – funcionarios Daniel Alberto Martínez y Alfredo Daniel Francolini, y a los ex – concejales Marcos Daniel Wdowiak, Roberto Abel González, Norberto Martín Santana, Ricardo Rubén Zubillaga, Jorge Luis Ramón Ferrera, y Roberto Ulises Chabrillón, dictando a su vez la falta de mérito para Heriberto Pezzarini, en un hecho que había sido denunciado por Eduardo Miranda y Oscar Mario Rovira.
En el expediente judicial labrado a tales efectos, el magistrado procesó a los co-imputados Cresto, Martínez y Francolini, por haber celebrado el 23 de agosto de 2006, un convenio con la Compañía Entrerriana de Tratamiento de Residuos Urbanos S.A. –CETRU-, mediante el cual, por contratación directa y sin mediar la licitación pública que la normativa vigente exige, le concedió a esa empresa el carácter de constructor y operador de la Planta de Clasificación y Selección de residuos para reciclaje a realizarse en el predio concordiense conocido como “Campo del Abasto”, afectándose con ello, el patrimonio municipal. Y al resto de los co-imputados los procesó por haber sancionado con su voto afirmativo como concejales la ordenanza que aprobó el mencionado Convenio.
Enrique Bacigaluppe, abogado defensor del ex secretario de Gobierno, Alfredo Francolini, el ex concejal Marcos Wdowiak y el edil Roberto Abel González planteó en junio pasado, ante la Cámara de Apelaciones, la nulidad de los procesamientos. El letrado sostuvo que el juez Gregorio Martínez, a cargo del Juzgado Penal Nº 1, tomó la decisión invocando la ley Nº 25.916 «Gestión integral de residuos domiciliarios» que no tiene vigencia en la provincia.
El defensor legal argumentó que sostener que “todo lo referente a la basura es servicio público, (incluyendo la disposición final de la misma) es falso”. Y alegó que el único fundamento que da el juez es que así lo dispondría la ley Nº 25.916 «Gestión integral de residuos domiciliarios» que “no rige, ni nunca ha regido en Entre Ríos”.En uno de los párrafos de la apelación se señala que la Cámara de Senadores dio media sanción a la adhesión a la ley Nº 25.916 para luego ser elevado a la Cámara de Diputados que jamás lo ha tratado. A la fecha ese expediente está archivado.
