Bacigaluppe argumentó que sostener que “todo lo referente a la basura es servicio público, (incluyendo la disposición final de la misma) es falso”. Y alegó que el único fundamento que da el juez es que así lo dispondría la ley Nº 25.916 «Gestión integral de residuos domiciliarios» que “no rige, ni nunca ha regido en Entre Ríos”.
En uno de los párrafos de la apelación se señala que la Cámara de Senadores dio media sanción a la adhesión a la ley Nº 25.916 para luego ser elevado a la Cámara de Diputados que jamás lo ha tratado. “A la fecha este expediente será archivado en la próxima sesión del aludido cuerpo legislativo por haber perdido el denominado ‘estado parlamentario’”, explica el escrito.
Si bien, el defensor legal admite que todo servicio público requiere licitación pública -aunque explicó que también se admiten excepciones, inclusive razones de urgencia o el estado de necesidad- explicó que el juez deduce de lo expuesto anteriormente que “todo lo referido a la basura requiere licitación pública”. Y recalcó que se trata de un razonamiento “falso” debido a un “falso silogismo”.
Un silogismo es un razonamiento deductivo que se basa en dos proposiciones dadas como ciertas y arriba a una conclusión que surge invariablemente de la aplicación de las proposiciones que la preceden. En este caso, para Bacigaluppe, “se sostienen dos proposiciones -una falsa y una parcialmente cierta- y consecuentemente se arriba a una conclusión igualmente falsa”.
A fines de mayo, el juez Gregorio Martínez, procesó al ex intendente Juan Carlos Cresto, y a sus funcionarios, Daniel Martínez y Francolini (los que firmaron el contrato) y a todos los concejales (con excepción de Heriberto Pezzarini) que levantaron la mano a favor de la concesión del Campo del Abasto a la ex empresa Cetru.
Por otra parte, el defensor sostuvo que “causa asombro” que su defendido, Abel González, figure en la causa como absteniéndose de declarar “cuando en la realidad y según se desprende del expediente dió las explicaciones del caso prestando declaración indagatoria conforme a derecho”. Por lo tanto, sostuvo que se trata de una omisión “grave” y “no existen dudas que la nulidad es la única solución”.
Bacigaluppe señaló que la declaración indagatoria se trata del principal medio de defensa con que cuenta el imputado. “La claridad sobre esta cuestión surge del mismo auto, en el cual de una declaración indagatoria se extrae una falta de mérito, tal el caso del co-imputado (el ex concejal Heriberto) Pezzarini, permitiendo que se defienda conforme a derecho”, ejemplificó.
Más adelante, el abogado expresó que sus defendidos no actuaron dolosamente. El artículo 248 (Abuso autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos) establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales…. Bacigaluppe sostuvo que es necesario, para la configuración del art. 248 CP; la intención maliciosa o dolo. “Cuando se atribuye dolo a mi defendidos se habla de: ‘irresponsabilidad técnica y legal’; ‘falta de esfuerzo adecuado’ y palabras similares, pero jamás se hace mención al dolo específico que exige el tipo penal que nos ocupa”, se señala.
