El tribunal decidirá la suerte de Oscar Pacha Mori, una de las figuras emblemáticas relacionadas a la corrupción entrerriana. Puede ir a prisión si el tribunal convalida o mantiene una línea similar a la del fiscal, José María Chémez quien solicitó la pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Un pedido que según el fiscal mismo entendió “duro pero justa”.
En tanto, cabe recordar que en la extensa jornada de los alegatos, la querella pidió tres años de prisión en suspenso para Mori y Morard, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; y dos años y medio para Sola.
Tanto la querella, a cargo de la Oficina Anticorrupción, como la fiscalía de Cámara coincidieron que “está comprobada” la autoría de los acusados en el delito de “defraudación reiterada a la administración pública” en la causa por el desvío de los ATN por casi un millón de pesos /dólares.
Si bien, la Justicia no investiga el destino de los fondos, habrían sido destinados para la campaña proselitista del Partido Justicialista en 1997. Muestro de ello fue el testimonio del ex conejal del PJ, Danilo Corona, quien dijo que Morard confesó que esa era su destino.
Caber recordar, que la defensa de Morard y Sola, a sabiendas de la situación comprometida de sus clientes, solicitaron al tribunal que la pena que imponga no sea efectiva: que no vayan a la cárcel.
En tanto, en ámbitos judiciales se espera que si bien ni el fiscal Chemez ni los querellantes de la Oficina Anticorrupción lo plantearon, el tribunal adopte alguna decisión con respecto al resarcimiento del dinero al Estado entrerriano, que quedó como una gran deuda pendiente del juicio. Es decir: que el alto cuerpo enjuiciador pueda tomar una medida a la que se observó en el juicio al ex senador provincial Mario Yedro (PJ-Concordia), a quien, además de la pena de prisión condicional por tres años, a su vez se le expropió el campo de 2.200 hectáreas que había comprado con dinero malhabido.
Si Mori resulta condenado, será la tercera sentencia de hechos de corrupción en el Estado entrerriano que se dicte en Paraná, desde 1983 a esta parte, aunque parezca insólito. Sucedió primero con los ex funcionarios del entonces Banco de Entre Ríos (BER), en la primera gestión de Sergio Montiel (UCR) -por graves irregularidades administrativas- y luego hubo otra condena en el 2002, cuando se sancionó al ex diputado provincial Roberto Valente (UCR-Colón), por el desprolijo manejo de subsidios en la segunda gestión bustista, de entre 1995 y 1999. Fue el único condenado, ya que la denuncia que pesaba contra el ex diputado provincial Sergio Urribarri (PJ-Concordia), actual ministro de Gobierno, Justicia y Educación, fue archivada por el juez de Instrucción Jorge Barbagelata.
