Los querellantes, que siempre promovieron el juicio oral y público, entienden que se trata de una nueva maniobra de los imputados para ocupar a la Justicia en cuestiones secundarias y dilatar el enjuiciamiento de las graves violaciones a los derechos humanos.
La investigación de los crímenes de la dictadura en el Área Paraná estuvo paralizada desde 1987 por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Una vez declarada la nulidad de las normas y de los indultos del ex presidente Carlos Menem, la reapertura de la causa se frenó por recursos sobre el procedimiento aplicable. Los imputados pretendían ser juzgados por el viejo Código de Procedimiento en Materia Penal, aprobado por la Ley Nº 2.372 del 4 de octubre de 1888 y todavía vigente durante la dictadura; mientras que los querellantes pugnaban por la aplicación del nuevo Código de la Ley Nº 23.984. La controversia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dio curso al pedido de los represores. Los organismos de derechos humanos repudiaron la medida por considerar que posibilitó un proceso secreto y arcaico.
Días pasados, Díaz Bessone decidió retomar la estrategia de la dilación a pesar de que con ella se contradecía con sus anteriores reclamos judiciales, y pidió que se lo juzgue por el procedimiento nuevo. “El código viejo se aplica exclusivamente por pedido de Díaz Bessone y el resto de los imputados. Llegamos hasta la Corte y una vez que quedó firme la resolución la hemos acatado”, dijo Marina Barbagelata, abogada del Registro Único de la Verdad y representante de un grupo de querellantes.
“Frente al pedido concreto, lo que decimos es que siempre estamos dispuestos al código nuevo, porque presta un mejor servicio de justicia, tanto para la víctimas como para la ciudadanía, ya que al ser público permite un mejor control; pero hasta tanto todos los imputados hagan la opción por el nuevo código, el tema no debe ser tratado”, afirmó Barbagelata.
Para la abogada, los represores “quieren ocupar al juez en cuestiones secundarias, provocar actividad judicial en pedidos que generen dilataciones en la cuestión trascendente”.
Declaró Moyano
En la causa Área Paraná ayer fue sometido a indagatoria otro de los procesados, el médico Hugo Mario Moyano, quien en una primera instancia se había negado a declarar pero ahora accedió a hacerlo. Lo mismo hizo el ex director general de Institutos Penales de la Provincia, José Anselmo Appelhans, quien está preso en su domicilio y todavía no tiene fecha para declarar.
La declaración de Moyano fue acompañada por una movilización de miembros de organizaciones de derechos humanos, que se concentraron frente a los Juzgados Federales para reclamar justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.
Está procesado como partícipe necesario de delitos de lesa humanidad mientras se desempeñó como agente civil médico del Servicio Penitenciario de la Provincia, entre 1976 y 1977, con ejercicio de funciones en las unidades penales Nº 1 y Nº 6 (de mujeres) de Paraná. Se le imputan siete hechos.
La Justicia federal entiende que asistió formalmente a las víctimas del terrorismo de Estado al ingreso y egreso de las cárceles, con posterioridad a sus estadías en los centros clandestinos de detención, sin proceder como hubiera correspondido ante las denuncias de torturas y vejámenes que recibía. Por ejemplo, no registraba las lesiones de los detenidos en sus historias clínicas y no daba aviso a las autoridades correspondientes.
Además tuvo intervención activa en alguna de las sesiones de torturas ocurridas en la denominada Casita de la Base, ubicada en inmediaciones de la Base Aérea, a los fines de limitar o no los tormentos de acuerdo con el estado de salud que las víctimas iban teniendo.
Fuente: Uno
