Osuna señaló que la histórica derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final imprimió un rumbo diferente a la historia del país, con el impulso de una verdadera política de derechos humanos, pero “todavía quedan heridas abiertas por el horror de aquellos años sangrientos”. En ese marco no pasa por alto el valor de los testigos y querellantes de la Causa Área Paraná, que desde su compromiso y testimonio aportan a la búsqueda de la verdad y sostienen la memoria. “Se que lo hacen por ellos y también por los que no tuvieron el derecho a defenderse ante un juicio justo y además es indispensable reconocer que lo están haciendo por el bien de todos los argentinos”, dijo.
En la “Causa Área Paraná”, se unifican e investigan todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, homicidios y torturas iniciadas en la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura militar. La investigación fue reabierta en el año 2004, luego de la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los decretos de indulto de Menem. A partir del pasado 10 de noviembre y hasta mediados de diciembre, 31 testigos declaran en el Juzgado Federal de Paraná.
Los imputados por desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, homicidios y tormentos son: Luis Francisco Armocida, Jorge Humberto Appiani, José Anselmo Appelhanss, Ramón Oscar Balcaza, Rosa Susana Bidinost, Ramón Genaro Díaz Bessone, Hugo Mario Moyano, Oscar Ramón Obaid, Julio Raúl Paredes, Manuel Daniel Rodríguez, Juan Carlos Ricardo Trimarco y Carlos Horacio Zapata.
Las 31 citaciones de esta causa se hicieron en el marco de los hechos denunciados en el legajo Nº 11.405 de la Cámara Federal de Apelaciones, que lleva por nombre Capitán Auditor D. Jorge Humberto Appiani – Nº 221.416 Supuestos Apremios Ilegales. Además de militar, Appiani es abogado y como tal se defenderá a sí mismo.
Además se están tramitando las causas del Hospital Militar de Paraná, donde se investiga la sustracción de menores y sustitución de identidad en los casos de al menos cuatro bebés y la Masacre de La Tapera, en la que fueron asesinados Juan Alberto Beto Osuna y Carlos José María Fernández, quien continúa en condición de desaparecido.
