Luego del éxito que tuvo Obaid, quien participó de las vejaciones cometidas a los detenidos políticos del centro Clandestino de Detención y Torturas de la Casita de la Base Área de Paraná durante la última dictadura, quieren seguirle los pasos Jorge Humberto Appiani, capitán auditor del Ejército; Hugo Mario Moyano, agente civil médico del Servicio Penitenciario; Carlos Horacio Zapata, oficial de la Policía de Entre Ríos; Alberto Rivas, capitán del Ejército; Rosa Susana Bidinost y Ramón Oscar Balcaza, agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia; y el general Ramón Genaro Díaz Bessone.
Todos apelaron sus prisiones preventivas, pero además Moyano apeló la denegación de su sobreseimiento y Bidinost el rechazo al beneficio de la prisión domiciliaria. El juez federal Gustavo Zonis concedió esos recursos y elevó las actuaciones a la Cámara Federal, que comenzó con las notificaciones pertinentes y se apresta por estos días a resolver al respecto.
La noticia puso en alerta a los organismos y querellantes, los cuales temen que se repita la historia de Obaid, para cuya excarcelación todavía no encuentran explicación convincente. Es que los represores imputados en juicios por graves violaciones a los derechos humanos han buscado en todo momento eludir a la Justicia y a pesar de eso pueden ser beneficiados por los magistrados, consigna UNO.
Todos estos pedidos de los represores fueron denegados en primera instancia por el juez, incluido el de Obaid. Zonis entendió que permitirle recuperar la libertad ambulatoria a los imputados “a la par de quienes fueron víctimas de privaciones ilegítima de la libertad y/o de quienes presenciaron hechos terribles y reprochables sucesos, provocaría regresar a una especie de «status quo» originario de la causa, con la consecuencia directa y necesaria adversa a la resaltada en los últimos tiempos”.
También el juez consideró en esas resoluciones que otorgarles la excarcelación provocaría lo que se conoce como “conmoción social o confrontación moral entre víctimas y victimarios”, además de facilitar la “propia actividad de encubrimiento nunca dejada de lado y tendiente a lograr la impunidad de los responsables penales”. A esto hay que sumarle que los represores podrían seguir entorpeciendo la investigación.
El abogado querellante Marcelo Baridón remarcó que su oposición a los pedidos de los procesados hace hincapié en la gravedad de los delitos cometidos, que atentan contra la humanidad entera. Pero también en cómo ha sido la actuación de los represores frente a los tribunales, desde las rebuscadas estrategias dilatorias a la destrucción sistemática de las pruebas.
“Tenemos fuertes presunciones de que todos los imputados han colaborado de una manera u otra para evitar que los rastros de la comisión del delito sean encontrados por parte de la Justicia. El ejemplo de esto es que en Paraná la Justicia federal efectuó inspecciones oculares en centros clandestinos de detención y en al menos cuatro la querella, el fiscal y el juez encontraron que los edificios habían sido totalmente desmantelados”, describió Baridón.
