Ayer, tras una audiencia preliminar convocada por los querellantes, el juez Leandro Ríos les pidió a las partes que limiten la cantidad de testigos que ofrecieron como prueba y que precisen sobre qué puntos pretenden que se profundice. En eso deberán trabajar las partes en los próximos tres días, de acuerdo a lo dispuesto por el magistrado, quien “invitó” a las partes “a limitar la prueba que se interesa sea oralizada”.
Los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva pidieron que se cite a declarar a 16 testigos; mientras que la querella que representa Marcelo Boeykens solicitó que se convoque a 18 personas, Juan Antonio Méndez ofreció dos testigos y Marcelo Baridón y Álvaro Piérola pidieron que se cite a 25 testigos. La salvedad es que muchos nombres se repiten en virtud de los testimonios que tienen para aportar.
En cambio, el represor Jorge Humberto Appiani, imputado en la causa y detenido en la cárcel de Paraná, rompió con esa línea. En ejercicio de su autodefensa pidió que se cite a 125 víctimas que ya declararon en la instrucción a ratificar sus dichos y que alrededor de un centenar de personas declaren como testigos en esta nueva instancia.
En esa dirección parece estar orientada la “invitación” del magistrado, quien de todas maneras será el que decida en última instancia cuál es la prueba que admite.
En la audiencia, los querellantes solicitaron al juez que no permita al represor Appiani que interrogue en forma directa a los testigos, algunos de los cuales fueron sus víctimas mientras estaban alojados en el centro clandestino de detención que funcionó en el Batallón de Comunicaciones del Ejército.
El planteo tiene como objetivo evitar una revictimización de estas personas. “Lo que se pidió al juez fue que el imputado Appiani no pueda interrogar en forma directa a los testigos, sino que lo haga a través de un codefensor”, explicó el querellante Boeykens en diálogo con El Diario.
“Hay que recordar que Appiani era quien sometía a los detenidos a interrogatorios bajo tortura y les hacía firmar declaraciones que luego eran utilizadas en su contra en los consejos de guerra”, acotó el letrado.
Así ocurrió, por ejemplo, en el juicio por robo de bebés que se tramitó en Paraná. Allí el Tribunal Oral Federal no permitió que el imputado y abogado Juan Daniel Amelong interrogue a las víctimas, sino que lo hiciera a través del defensor oficial.
Sin embargo, Appiani rechazó este punto e invocó una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que le otorgó el ejercicio exclusivo de su autodefensa en este proceso, salvo aquellas cuestiones que deba realizar extramuros, por lo que siguiendo esa resolución, el represor imputado podría realizar él mismo los interrogatorios.
De la audiencia también participaron los defensores particulares Martín Clapier (en representación del médico Hugo Moyano), Alberto Salvatelli (por Rosa Susana Bidinost) y José Alberto Boxler, un asesor designado por el Ministerio Público de la Defensa para esta causa.
Las querellas habían pedido una audiencia “para hablar sobre distintas cuestiones relacionadas con la causa porque entendíamos que era oportuno señalar algunas cosas que podían ordenar el debate, sobre todo en la etapa de testimoniales, para que el proceso no vuelva a dilatarse en el tiempo”, puntualizó Boeykens.
En ese marco, querellantes y fiscales coincidieron en el reclamo de que se apliquen los criterios establecidos por la Cámara Federal de Casación Penal para las causas por delitos de lesa humanidad: por un lado, la necesidad de establecer acuerdos en audiencias preliminares sobre la prueba de los juicios orales, con la premisa de limitarla a aquella que resulta de imprescindible producción, o que sea relevante o dirimente; que haya una frecuencia razonable de audiencias; y la incorporación de las declaraciones de testigos y peritos registradas en video y otros medios audiovisuales en otros juicios que sean útiles por conexidad. Por otro lado, se planteó a los tribunales que fijen tiempos razonables para los alegados y las últimas palabras de los imputados.
Otro punto que vienen cuestionando las víctimas desde la reapertura de la causa es el secretismo que impone el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, y por eso solicitaron que las testimoniales se realicen en jornadas orales y públicas –también así lo pidieron los fiscales Candioti y Silva– en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones en audiencias semanales, a partir de las 13, de no menos de cinco horas por cada día y que se facilite el ingreso de los medios de comunicación.
Además, se pidió al juez que convoque a los programas de acompañamiento y asistencia a las víctimas de la dictadura para que trabajen con aquellas que deban brindar testimonio y que sea el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el que realice las notificaciones.
Todos estos planteos deberán ser resueltos por el juez dentro del plazo previsto para el ofrecimiento de prueba que establece la normativa. Luego deberá determinar qué prueba se admite y fijar la fecha para las testimoniales. Tras las declaraciones de los testigos vendrá el momento de los alegatos (ofrecimiento de pena por parte de los acusadores y descargo de las defensas) y se espera que antes de fin de año haya sentencia.
La causa
La megacausa Área Paraná, en la que se concentra la mayor cantidad de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos. En el juicio escrito se juzgan delitos contra 52 víctimas y se investigan 5 desapariciones forzadas de personas: Victorio Erbetta, Claudio Marcelo Fink, Juan Alberto Osuna, Carlos José María Fernández y Pedro Miguel Sobko.
El proceso ha tenido una irritante demora. Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó a favor de los represores al disponer que el proceso se tramite por el antiguo Código de Procedimientos en Material Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos–. Saldada esa cuestión, entre 2009 y 2011, fueron detenidos, indagados y procesados diez ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles. En abril de 2011 se clausuró la instrucción y a partir de julio en julio los fiscales y querellantes formularon sus acusaciones. Pero desde entonces la causa volvió a empantanarse, esta vez por una sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas.
Ahora, finalmente, está la causa a punto de ingresar en la fase final, con ocho represores procesados: Jorge Humberto Appiani, Cosme Ignacio Marino Demonte –únicos detenidos–, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas, Carlos Horacio Zapata y Hugo Mario Moyano, el único civil.
