Hoy serán dos los testigos que tendrán su audiencia de “ratificación” de las testimoniales que ya brindaron desde el inicio en la causa, e inclusive alguna que pudieran haber firmado bajo tortura y que se utilizara en los consejos de guerra, esas parodias de juicios militares a que fueron sometidos. Lo cierto es que seguramente serán muy pocos los datos nuevos que puedan aportar las víctimas en esta nueva instancia.
En tanto, para mañana están citados otros tres ex detenidos políticos, primero para la “ratificación” de lo que ya han dicho en instancias anteriores, y luego para lo que en el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal se denomina “absolución de posiciones”, donde el juez Leandro Ríos les transmitirá una serie de aseveraciones que formulará el imputado Jorge Humberto Appiani, para que digan si es verdad o no aquello que asevera el represor y abogado en ejercicio de su autodefensa.
Este procedimiento ha sido cuestionado por los organismos de derechos humanos, en una declaración que hicieron pública tras la primera audiencia, del lunes pasado, al señalar que “de persistir el uso de esta herramienta, es posible que víctimas de tortura, vejaciones y violaciones sexuales sean nuevamente interrogadas por aquellos que fueron responsables de esos ilícitos”, de allí que manifestaron su “profunda preocupación” y “rechazo a esta práctica oscurantista”.
También el abogado querellante Marcelo Baridón, que representa a un grupo de víctimas en este juicio consideró que la “absolución de posiciones es un proceso grotesco que aleja al sistema jurídico de la gente”. De hecho, Baridón planteó la inconstitucionalidad de este mecanismo, pero fue rechazado por el juez.
También el Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, le hizo llegar su preocupación al juez Ríos a través de un dictamen firmado por Luciano Hazan, coordinador a nivel nacional, y José Iparraguirre, a cargo en la provincia. El escrito señala que las víctimas deben ser tratadas con respeto por su dignidad y que en ese marco se deben adoptar “las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como las de sus familias” y se debe garantizar que los juicios “no den lugar a un nuevo trauma”.
Asimismo, el Programa Verdad y Justicia le solicitó al juez Ríos que arbitre las medidas para evitar situaciones que perjudiquen a quienes deben brindar testimonio en las próximas audiencias públicas.
Esto así luego de que el propio Eduardo Ayala, que fue el primero en enfrentar la “absolución de posiciones” en este juicio, hiciera el cuestionamiento desde el estrado, asegurando que se trata de un mecanismo “tremendamente violento”.
Solo dos de los ocho represores imputados estuvieron presentes en la primera audiencia de testimoniales: el militar Jorge Humberto Appiani y el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, que permanecen detenidos en la cárcel de Paraná. Los otros seis se encuentran bajo arresto domiciliario y estuvieron representados por sus abogados: José Anselmo Appelhans y el médico Hugo Mario Moyano viven en Paraná; Rosa Susana Bidinost, en Gualeguaychú; Oscar Ramón Obaid, en Santo Tomé; Alberto Rivas, en Tucumán; y Carlos Horacio Zapata, en Diamante
