Exigimos que la fecha y la hora del acto en que se dará a conocer el fallo sean notificadas formalmente a los querellantes, sin nuevas dilaciones.
Recordamos a la población de Entre Ríos que esta causa se originó en los inicios de la democracia, se archivó con las leyes de impunidad de la década del 80 y se reabrió recién en 2004, por el impulso de las políticas de Estado en Memoria, Verdad y Justicia.
Sin embargo, su trámite debió atravesar numerosos obstáculos y hoy, tras 11 años, seguimos sin un veredicto sobre la responsabilidad de los genocidas acusados y sin una reparación para las víctimas.
No nos resignamos que pase un año más sin sentencia. Ya en diciembre de 2013 recibimos del Juzgado Federal de Leandro Ríos la promesa de que para marzo de 2014 habría una definición.
Sin embargo, los tiempos se siguieron dilatando entre las chicanas de los represores y sus defensores y las concesiones judiciales, y llegamos al final de 2015 con la misma incertidumbre. Recordamos también que en oportunidad de presentarse los alegatos el juez manifestó su compromiso de emitir sentencia antes de fin de año.
Los familiares de los compañeros detenidos-desaparecidos, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y tortura, los organismos de derechos humanos y todos aquellos ciudadanos comprometidos con el Juicio y Castigo y el Nunca Más estamos a la espera de esta definición. No sólo por los traslados –en algunos casos desde cientos de kilómetros– que deben realizar los que no quieren estar ausentes en semejante acontecimiento, sino porque se trata justamente de un momento histórico para la vida democrática de la provincia. El Poder Judicial debe comprenderlo cabalmente y estar a la altura de las circunstancias.
Esa condición de momento histórico se ve reforzada por el hecho de que será la primera sentencia del país, en los juicios de lesa humanidad, en dictarse con posterioridad al cambio de gobierno nacional. En ese sentido, su valor adquiere una significación especial: debe ser la señal de que no hay marcha atrás en Memoria, Verdad y Justicia y que los juicios a los genocidas son una obligación del Estado argentino que no puede depender del gobierno de turno.
Por que la memoria de los compañeros no admite más dilaciones, exigimos nuevamente: ¡Sentencia ya en la causa Área Paraná!
