Según se indicó, el magistrado resolvió que los alegatos se presenten en forma de memorial, es decir, por escrito, tal como lo habían solicitado los abogados querellantes Florencia Amore, Sofía Uranga y Marcelo Boeykens, de la agrupación Hijos Regional Paraná; y Lucía Tejera, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
También los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti habían solicitado que los alegatos se presenten por escrito, a fin de no seguir dilatando la resolución de la causa; a la vez que se quejaron ante el juez de que ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani, en el ejercicio de su autodefensa, intentaba “impedir el dictado de la sentencia” a través de constantes planteos dilatorios. Por el mismo camino circula el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte que, llegados a esta instancia, se opuso a pasar a la etapa de alegatos, con planteos de nulidad absoluta y recusaciones varias, que no prosperaron.
De hecho, las chicanas procesales de los represores han provocado que el proceso se extienda por casi doce años desde que en diciembre de 2003 se pidiera su desarchivo.
Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó a favor de los represores al disponer que el proceso se tramite por el antiguo Código de Procedimientos en Material Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que las actuaciones sean escritas. Saldada esa discusión, entre 2009 y 2011, fueron detenidos, indagados y procesados diez ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles. En abril de 2011 se clausuró la instrucción y a partir de julio en julio los fiscales y querellantes formularon sus acusaciones. Pero luego volvió a empantanarse, esta vez por una sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas, principalmente Appiani, y después siguió un festival de recusaciones de jueces.
Finalmente, entre octubre y noviembre del año pasado se realizaron audiencias públicas en las que declararon 45 testigos, en su mayoría sobrevivientes de la dictadura y familiares de víctimas de la represión ilegal. Así llegamos a esta instancia.
La fijación de fecha para la presentación de alegatos permite avizorar la sentencia. El Código de Procedimientos en Materia Penal, bajo el cual se tramita la causa, prevé que a partir del 30 de octubre “quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos, ni producirse más pruebas”. Luego el juez mantendrá una entrevista con los imputados (“audiencia de visu”, que se llama) y “tendrá un plazo de veinte días para estudiar el proceso y dictar sentencia”, que podría prorrogarse por “un plazo prudencial complementario”, en este caso, dado lo “voluminoso o complejo” del expediente.
A esta instancia llegan siete represores: los ex militares Appiani, José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el ex policía federal Demonte; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano. En el camino quedaron otros catorce, fallecidos o que fueron separados por razones de salud.
Fuente: Página Judicial
