El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa deberá refrendar o rechazar ese acuerdo que alcanzaron Leopoldo Lambruschini, en representación de Allende; la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, el fiscal de género Leandro Dato y los fiscales Laura Cattáneo y Piérola.
No hay demasiados antecedentes en la jurisdicción de que un tribunal rechace lo acordado por las partes. Sucede que en este caso, Velázquez y Carboni se manifestaron en desacuerdo y poco o nada pueden hacer, ya que no se habían presentado como querellantes.
Velázquez y Carboni quedaron presos de un sistema que, quizás, debería corregirse. ¿Por cuestiones técnicas pueden las víctimas tener que aceptar algo que los ofende?
Por directivas de la Procuración General, en los casos de violencia de género, los fiscales toman como vinculante la opinión de la víctima. Esto no surge de la ley, sino de la política criminal establecida por el procurador Jorge García. Esto, posiblemente, sea una conquista social producto del contexto y la nueva sensibilidad ante el machismo milenario que en el siglo XXI se han propuesto a remediar.
Con la negativa de la víctima, en este caso, Velázquez, el fiscal Dato puede levantar el pedido de abreviado en lo que incumbe al delito de género. De no hacerlo, la última palabra la tendrá el tribunal. El 1° de julio.
