El Poder Ejecutivo provincial envió el pliego del diputado Emilio Castrillón (PJ-La Paz) al senado para que este apruebe su ingreso al Superior Tribunal de Justicia.
Inmediatamente conocida la noticia, las reacciones no demoraron y no para aplaudir la noticia.
La Asociación de Magistrados, salió a decir que “llegar hasta allí (STJ) debe ser la culminación de una larga trayectoria académica que no se da en este caso”. “Debe tener un perfil que lo identifique con la independencia de los poderes” que tampoco se da.
El colegio de abogados también salió a cruzar el intento: “acordamos que su postulación no aporta ni contribuye a la independencia del Poder Judicial ni a la división de Poderes”, dijeron.
Para el Movimiento de Afirmación Radical, Castrillón demostró “pésima técnica legislativa como autor de la Ley 9659 y tiene clara identificación partidaria”
Para la CTA el nombramiento de Castrillón sería “un claro quebrantamiento de la división de poderes que caracterizan a una república democrática”. Los gremialistas dicen “semejante discrecionalidad manifiesta en la designación de la máxima autoridad de Justicia no puede sino alertar a toda la ciudadanía acerca de la fragilidad institucional”. Sostienen además que el supuesto “conocimiento” del diputado “no ha sido puesto en función de obtener la mejor ley para la provincia, sino la que oportunamente resultara más conveniente según el color del gobierno”.
La Concertación Entrerriana también le endilga dependencia al poder político y dicen que “la decisión es actuar en todos los ámbitos posibles para impedir que se sustancie este atropello”.
Por si faltara algo, la firma santafesina, Audisio SA radicó una denuncia penal contra Castrillón : lo acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Salvo el interesado ministro de gobierno, no se conoció que algún familiar haya salido a defender la postulación al STJ del actual diputado justicialista.
De modo entonces que, la propuesta del gobernador Jorge Busti para que el diputado Emilio Castrillón pase a integrar una de las vocalías en el Superior Tribunal de Justicia -la máxima autoridad judicial de la provincia- merece un análisis que no sería sólo abundar en lo que ya se sabe.
En principio, demuestra cuánta es la necesidad de “tener la vaca atada”, pero también cuán mentiroso es el discurso que nos remite al Consejo de la Magistratura, a la hora de mostrar ¡¡ todo lo que ha cambiado Entre Ríos !!
Con la actual integración del STJ, en el que seis de sus nueve miembros tienen una clara adscripción justicialista y en la que los tres miembros de la Sala Penal (a la que llegan o deberían llegar la inmensa mayoría de los juicios que interesan a la dirigencia política), están absolutamente alineados con Jorge Busti, es un improperio decir que en Entre Ríos existe una justicia independiente. Nada más alejado.
Con Castrillón, Busti pasaría a tener 7 de los 9 miembros. Republicanismo puro, diría un gracioso.
Al nombramiento de este personaje, habría que agregarle la pachorra de la justicia entrerriana, que es atroz, y que ni siquiera el Consejo de la Magistratura logra disimular. La dinámica de nuestra justicia penal que, desde hace años, funciona como un apéndice del Poder Ejecutivo más que como un poder independiente. Y el castigo entrerriano de tener que decir que las excepciones son tan pocas que ni se notan y que hay una cultura sobona del poder que avergüenza a cualquier republicano.
Las recientes y escandalosas declaraciones del ex funcionario bustista Oscar “Pacha” Mori, hubieran provocado un sismo en cualquier lugar, menos en Entre Ríos. En esta provincia no pasa nada. Los fiscales -como se sabe- viven en un frasco, nunca se enteran de las cosas que debieran y cuando son obligados a enterarse, como en la causa de Mario Yedro, en la que el fiscal Suñer (Jorge) debió hacerse cargo, el resultado es el cajoneo.
Comienzan a hacer uso y abuso de las llamadas “medidas previas” y pasan 3, 4 años…dan vueltas… y todo para dejarle claro al acusado que persiguen afanosamente el objetivo de ganarle a la memoria social por cansancio…a veces lo logran, otras no.
Pero volvamos al caso Mori, pasaron varios días luego de que se conociera su impúdica confesión. Sin embargo, nadie en el poder judicial se dio por enterado: los fiscales en el frasco, los jueces haciendo cuentas sobre lo que van a ganar con el aumento de sueldos y nadie alentando a la defensa de los intereses del Estado; es decir, de toda la sociedad.
En ese marco, la candidatura de un miembro del staff de los que poco tienen que ver con la justicia aparece en la lista de los que pujan por integrarla.
Si lo mismo ocurriera con los comandantes de empresas de aviación, con físicos nucleares o con médicos cirujanos, diríamos que la humanidad está desquiciándose, que no está en buenas manos…pero como se trata de la justicia -y de Entre Ríos-, entonces pasa con facilidad, nadie se asusta, la calidad institucional no cotiza en bolsa; no necesita tratamiento médico; ni genera el pánico de venirse en picada desde las alturas del cielo, ni sentimos que la bomba atómica penda sobre nuestras cabezas.
Pero seamos sinceros: si Castrillón se presentara como candidato a pilotear un avión sin haberlo hecho nunca, en cualquiera de las aerolíneas conocidas, las autoridades de esa aerolínea, ¿le permitirían comandar un vuelo?
Si fuera un médico recibido que nunca ejerció, ¿Ud cree que las autoridades de un hospital o clínica le permitirían que opere sin antes haber probado su calificación?
Estoy formulando preguntas estúpidas porque, por supuesto, no le permitirían -ni permitiríamos- que comande un avión u opere. ¿Entonces? ¿Por qué deberíamos permitirle que decida sobre nuestra libertad o sobre nuestro patrimonio?
Sencillamente porque la inmensa mayoría de las personas de esta provincia no saben quién es Castrillón y sencillamente también porque quienes sí saben quién es, lo promueven. Entonces, frente a esto, dos conclusiones:
A diferencia de lo que habitualmente ocurre en un nosocomio o en una aerolínea, donde sus directores o ejecutivos son responsables y serios, aquí, en nuestra provincia, las autoridades políticas son un cachivache, desdeñan la lógica más elemental y, por todo eso, son capaces de impulsar y permitir cualquier cosa, entre ellas, enviar el pliego al senado para que nombren vocal del STJ a Castrillón.
ERROR. El director de un nosocomio brega porque sus pacientes salgan curados y satisfechos, el ejecutivo de una aerolínea pretende que su pasaje llegue bien, a destino y que los clientes repitan cómo y cuán placentero resultó el viaje. El gobernador, en este caso (y esta sería la otra hipótesis), el hombre que conoce en profundidad a quien propone (Castrillón), lo sabe dispuesto a no impartir justicia. Es decir, en la otra hipótesis, para Busti llegar a destino sería alcanzar impunidad. Para el gobernador, sanar al paciente puede significar, por ejemplo, que todos aquellos que se sintieron abarcados por las confesiones de Mori (incluido él), no sean tocados por la justicia.
En fin, él y sus amigos a salvo.
