Comenzó argumentando contra la constitucionalidad del artículo 268 del Código Penal –que establece el delito de enriquecimiento ilícito- debido a que invierte la carga de la prueba y el acusado, en vez de ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, debe demostrar su inocencia. Citó numerosa jurisprudencia al respecto, citando incluso la época en que Juan Domingo Perón fue investigado por los gobiernos dictatoriales que siguieron a su derrocamiento; o los años en que estuvo vigente la Inquisición en España.
Luego, comenzó a discurrir sobre las pruebas contra sus defendidos. En primer lugar, se preguntó porque los peritos no consideraron los valores de las escrituras para confeccionar el patrimonio, y sí tuvieron en cuenta las cifras de los tasadores.
Respecto del pacto de Cuota Litis del caso Moledo, expresó que es una práctica muy común en los tribunales celebrar un pacto de ese tipo, sin mencionárselo al juez para evitar que crean que hay un interés “desmesurado” de parte de los letrados en el resultado de los procesos.
El ánimo de Yedro variaba de acuerdo a quien tenía la palabra. Mientras alegaba el fiscal, lo miraba fijamente a los ojos, escudriñando cada una de sus frases. Luego de escuchar el pedido de 3 años de prisión en suspenso y el decomiso del campo, depositó su mirada en el piso. Pero su ánimo comenzó a insuflarse nuevamente y un rictus de cierta alegría se dibujó cuando Romero tomó el micrófono. Seguramente, su mejor momento de la mañana fue cuando una veintena de allegados aplaudió a Romero luego de finalizar su alegato. Fueron expulsados rápidamente de la Sala.
Romero, por otra parte, luego de escuchar las dudas del fiscal en torno a saber como hizo Yedro para comprar un campo de $ 800.000 con $ 300.000 -de los cuales invirtió $ 100.000 y con el resto compró camiones-, expresó que lo hizo con el trabajo de los rodados.
Además, recordó que el Senado, durante la 2º gobernación de Jorge Busti, estuvo en manos del radicalismo, quienes manejaban todos los cargos administrativos. Por eso repitió lo que dijo el imputado antes y durante el proceso. “Yedro no manejó fondos públicos durante su paso por la Cámara Alta”, expresó. Por ende, criticó a la Fiscalía por no haber determinado de donde salieron los fondos de los cuales el ex-senador se apropió.
A quien le cayó como un baldazo de agua helada el pedido de prisión de 2 años y medio fue a Silvia Torres, quien luego de escuchar la solicitud del fiscal miró el piso de la Sala Penal. Incluso se tomó su rostro, y recibió una palmada de Romero para darle ánimo. Posteriormente se retiró raudamente de la Sala sin hacer comentarios, tal como durante todo el juicio.
También criticó la calificación de “compinches”, “testaferros” y “prestanombres” a los allegados o familiares de Yedro. Aseguró que tres de ellos tienen recursos suficientes como para prestarles individualmente $ 50.000 a Yedro, y los restantes dos (Álvez y González) tiene falta de mérito dictadas en causas conexas por enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, consideró que el campo de 91 has. adquirido a los Bruno no es parte del patrimonio del acusado porque estaba a nombre de los progenitores de sus ex-esposa.
Además, consideró que Torres no puede ser considerada “participe necesaria” al figurar diversos bienes a su nombre porque integró una sociedad conyugal debido al matrimonio celebrado entre ambos. Esto motivó la respuesta de Larrarte debido a que la considera cómplice no por haberse casado con Yedro sino por haber integrado la sociedad de “Del Rubio y Hunmendi”.
Por último, expresó que es inconstitucional el pedido de decomiso del campo de Rosario del Tala. Y aseguró que en el campo “hay mucho trabajo” efectuado por su cliente para poder adquirirlo.
