El viernes a la noche, el Concejo Deliberante presentó el descargo requerido por el Juez. “En este momento, yo entiendo que el juez debe estar resolviendo la cuestión”, dijo el abogado. “Creo que la parte que se vea desfavorecida va a apelar al STJ, y es bueno que así sea porque se trata de que encuadre esta situación en el tema del derecho”, expresó. La cuestión se podría extender “tres o cuatro meses más”. La contadora actualmente no está en su puesto porque tiene certificado médico por una dolencia crónica que padece. “Una vez que termine el certificado, volvería a su trabajo”, expresó.
El recurso de amparo fue presentado porque la defensa de Viera consideró que no están dadas la “debidas defensas constitucionales” en el juzgamiento que lleva adelante el Concejo Deliberante. “Nosotros decimos que esto es un juicio y el Concejo se empecina en decir que no es un juicio, que es un proceso de remoción”, dijo. En caso de tratarse de un juicio, el abogado señala que el acusado “tiene que tener las debidas garantías que la constitución le da a todo ciudadano argentino”.
Lascurain aseguró que, a su criterio, se trata de un juicio porque “hay una acusación del Ejecutivo de que la contadora tiene una conducta que no es acorde con la función, se objeta una conducta de acuerdo a la ley”. Otro argumento esgrimido por el abogado es que el Concejo “va a tomar una resolución que va a afectar un derecho constitucional como es el derecho al cargo que tiene la contadora que lo ganó por concurso”.
El letrado aseguró que hay un antecedente del STJ sobre el juzgamiento de otro contador al cual el Tribunal le señaló que su proceso se llevó a cabo mediante un procedimiento del cual no se quejó. “Acá no tenemos ni siquiera procedimiento del cual quejarnos”.
El control es una “obstrucción”
Lascurain, al analizar la cuestión de fondo, aseguró que las razones del Ejecutivo para remover a la contadora son “vagas” y “sin fundamento”. “Acá no hay un solo delito que se le impute a la contadora”, dijo. El abogado aseguró que no hay acusaciones “graves”. “Creo que lo más grave es la expresión del intendente Cresto al periodismo, que no quiere que lo controlen y él interpreta al control como una obstrucción a su gestión de gobierno”, indicó.
Respecto de las demoras en la tramitación de expedientes, uno de los argumentos del Ejecutivo, Lascurain reconoció que son ciertas, pero “hay que ver donde está la demora”. Indicó que hay expedientes demorados “en otras oficinas, otros que va tres o cuatro veces a la misma oficina y no se sabe porqué, otros que pasan de una oficina a otra sin sentido, se hacen expedientes inútilmente”.
Para el ex-fiscal de estado adjunto durante la gestión Orduna, el tramite administrativo de la municipalidad “es un mecanismo que no está del todo aceitado, es errático, por momento descontrolado”. Luego añadió: “al sistema burocrático que de por sí tiene el Estado, se le suma una ineficiencia de gestión porque se ha dictado normas que un día dicen una cosa y otro día dicen otra”.
“Si hay burocracia o no, son ellos los responsables”, añadió, teniendo en cuenta que la contadora municipal no puede manejarse en forma autónoma, sino que debe administrar teniendo en cuenta procedimientos dictados por los funcionarios de la actual gestión.
El recargo de trabajo al que hace mención Lascurain y adjudica al Ejecutivo municipal, “repercute en los proveedores, pero no en todos, en algunos”. Como ejemplo de lo contrario, el abogado señaló que los sueldos, la energía eléctrica y el teléfono se pagan al día. “Algunos sí tienen problemas porque les prometen cosas que no se pueden cumplir: si usted promete pagar en ocho días y el trámite, como muy rápido, demora 20 días hábiles, usted le está presentando una situación que es falsa al proveedor. La culpa no es de la burocracia sino del que le mintió que el iba a pagar en ocho días”, señaló.
