El 2 de mayo del 2022 Tahiel, de 2 años y 10 meses de edad, llegó al Hospital en brazos de su mamá. Estaba golpeado; frío y ya había muerto. Los médicos que lo recibieron en la guardia alertaron la crítica situación pero no pudieron hacer nada por revertir aquel cuadro. Inmediatamente se le dio intervención a la Policía y a las autoridades judiciales.
En aquel momento fuero dos las personas detenidas: Macarena Ortíz, la progenitora de 25 años y Alfredo “el Pato” Ferreyra, su padrastro, quien 24 horas después de haber sido detenido y alojado en la Jefatura de Policía, se quitó la vida.
A nueve meses del atroz crimen, y en medio de la condena a las dos asesinas de Lucio Dupuy de 5 años de edad, Gualeguaychú vuelve a preguntarse sobre el caso que atravesó el 2022.
Se consultó a las fuentes judiciales para conocer sobre los avances de la investigación. En principio, a la única detenida se le extendió la prisión preventiva hasta los primeros días de junio, fecha en que se espera el comienzo del juicio.
Ortíz está detenida en carácter de imputada y hasta el momento no ha declarado. El Jefe de Fiscales, Lisandro Beherán, indicó que “ella eligió no declarar; se abstuvo de declarar, porque declarar es un acto de defensa que se utiliza en defensa de un acusado. Y el uso de la no declaración también es una estrategia. No es ‘el que calla otorga’ como dice el refrán. Simplemente esperará el momento de declarar, porque muchas veces pasa que hablan antes de finalizar el caso como los chicos del rugby que están acusado de matar al joven Fernando. Son estrategias donde se elige el momento oportuno”.
La carátula de la causa es homicidio calificado o agravado por el vínculo materno y por alevosía, es decir, por el aprovechamiento de indefensión de la víctima.
“A grandes rasgos se puede contar que Tahiel habría muerto producto de múltiples golpes. Esta es la versión de la Fiscalía. Estos golpes agravaron una situación de salud que lo llevó a la muerte”, indicó Beherán.
Pero ¿qué pasaba puertas adentro de la casa de Tahiel? Beherán aseguró que “habrá seguramente elementos de prueba donde se van a exponer situaciones de violencia previa”.
De todos modos, el Fiscal resaltó que hay diferencias con el caso de Lucio Dupuy donde se habló de hasta 5 internaciones previas, pero sí se pueden registrar posibles malos tratos.
La abuela paterna de Tahiel había señalado que recurrieron al Copnaf pidiendo ayuda y hasta la tenencia del menor. Beherán dijo que desde la Justicia han “investigado y seguramente vendrá al juicio gente del Hospital y del Copnaf; tenemos prueba documental también para aportar. Son cuestiones que se van a discutir en el juicio y se van a determinar responsabilidades”.
Asimismo, aseguró que “la ciudadanía popular será la que va a intervenir; ellos decidirán si es culpable o inocente. Más allá que el jurado no aplica pena, sí dicen si la acusada es culpable o inocente de un tipo de delito; y ese delito, en el caso de un homicidio agravado sólo tiene pena de prisión perpetua, así que, casi que aplican la pena de manera indirecta”.
Por otra parte, adelantó que existe la posibilidad que “la defensa plantee algunos atenuantes. Por ejemplo, se llaman ‘circunstancias extraordinarias de atenuación’ en casos puntuales, donde no se justifica el hecho, pero sí logran que no sea juzgado como un homicidio calificado”.
“Estas circunstancias hacen que no se sumen los agravantes y reciba menos pena. Esto es en caso que la defensa plantee estos atenuantes y tengan pruebas; luego, el jurado decidirá”, dijo el Jefe de Fiscales.
¿Qué es una prisión perpetua?
Beherán explicó que “la pena es de 35 años, momento en que el condenado podrá pedir la libertad condicional y se le va a dar por buena conducta en el penal; ni un día más, ni uno menos”, publicó El Día.
“Los 50 años de la ley penal no guarda relación con la perpetua. Los 50 años es el máximo que se puede purgar en Argentina por acumulación de penas; por ejemplo, lo recibe un homicida reiterado. Más no se puede porque lo prohíben los Tratados Internacionales que resguardan a todas las personas”, explicó el letrado.
Además, indicó que “en Argentina se prevén estímulos educativos para fomentar el estudio dentro de los penales, esto logra una mejor reinserción social. Pueden hacer cursos de electricidad, de costura, estudiar carreras; esto es para estimular a una persona que está encerrada. Yo he visto personas en mi escritorio que van mejorando en su tránsito en la prisión y cuando salen tienen una mayor chance de reinsertarse en la sociedad”, concluyó.
