Larrarte señaló que se trató de una “burda estafa” que se realizó con “total impunidad”. Más adelante, sostuvo que las facturas son “truchas” (el nº de cuit que figuraba en las mismas no correspondía al DNI de Noto sino el de una parienta suya que hacía tiempo había cesado en sus actividades y la dirección de la empresa era un descampado) y los colectivos de Noto Bus son “inexistentes”. Además, expresó que ninguna de las personas que figuran en el listado son obreros de la fruta. En la instrucción del caso se señaló que en el ANSES ninguna fue dada de alta como trabajadora. “Acá hay una estafa evidente con connivencia entre los dos acusados”, indicó sin titubeos.
Al momento de alegar, Giorgio, defensora legal de Rameri, admitió que existían irregularidades impositivas en las facturas presentadas por “Noto Bus” pero eso no acreditaba la inexistencia de la empresa. Además, la abogada justificó la ausencia del llamado a licitación pública para contratar a la empresa transportista porque se trataba de un hecho de “carácter urgente” debido a la necesidad de los obreros y por el “contexto de emergencia económica” en que vivía el país. Y, por último, sostuvo que la prórroga del cobro se debió a que el municipio tenía las “arcas vacías”.
A su turno, Perroud también aceptó un hecho incontrastable: el carácter apócrifo de las facturas. Pero, al igual que Giorgio, sostuvo que se debía a la situación fiscal irregular de la empresa. El letrado dijo que su cliente, Noto, apeló a una “medida extrema para cobrar a cualquier costo”.
Por otra parte, desvinculó a su defendido de la confección de la lista de pasajeros y, además, excusó a Rameri atribuyendo la culpa a la falta de orden existente en el municipio. Incluso, dijo que el ex-director de Empleo podría haber apelado a 30, 40 o 50 planes Jefes de Hogar para que dijeran que habían viajado.
Siguiendo con su razonamiento, expresó que en la acusación no se incluyeron pruebas acerca de la supuesta inexistencia de los colectivos de Noto Bus. Por lo tanto, señaló que existen y que realizaron el viaje. “Que quieren, que Noto diga por que ruta tomó y que traiga las facturas de los peajes que pagó”, se preguntó. Y añadió que los defensores no deben aportar pruebas para probar la inocencia de sus clientes (como el enriquecimiento ilícito que se invierte la carga de la prueba) sino la fiscalía debe probar la culpabilidad.
Por otra parte, haciendo referencia a los comentarios de los testigos –los ex-concejales Arturo Batistella, Marcelo Spinelli y Eduardo Miranda- que habían acentuado la precariedad de los colectivos, admitió esa condición pero sostuvo que esa es la característica común de todos los colectivos que trasladan a obreros de la fruta.
Perroud tampoco negó la existencia de recibos “truchos” que acreditan que Noto percibió el importe porque adquirió los recibos en una librería. Y sobre la tardanza en percibir el dinero, repitió el mismo argumento que Giorgio, al sostener que en la municipalidad no había fondos.
Los jueces Mariela Rojas, Alicia León y Patricia Pérez deberán analizar las pruebas y los testimonios para arribar a una conclusión que será leída el miércoles 22 de agosto, a las 7.30 de la mañana.
“Buena fe”
Al finalizar los alegatos, Rameri sostuvo su inocencia ante DIARIOJUNIO, dijo que actuó de “buena fe” y ahora debe esperar “que dice la Justicia”. Es más, sostuvo que “los viajes se realizaron”, y añadió que “todo el mundo sabe la crisis que había en Concordia”.
Más adelante, recalcó: “somos nosotros los que realizamos la denuncia” -la presentación judicial fue realizada por el ex-intendente y ex-familiar Hernán Orduna-, y en base a ese hecho, dijo “como vamos a estar en connivencia. No es así la cosa”. Por último, respondiéndole a Spinelli, expresó que el contador municipal era Héctor Grzelak y no Liliana Viera, tal como lo sostuvo el edil días pasados a este medio.
