La audiencia, que se realizará en la sala Amia de los tribunales de Comodoro Py, será pública y podrá ser trasmitida en directo por aquellos canales de televisión interesados, informaron desde el Tribunal. Mediante un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa que ya lleva diez años, convocó a participar de la lectura del fallo y a acompañar en el “reclamo de verdad y justicia”.
La semana pasada, la Cámara escuchó los argumentos de todas las partes sobre la extracción de sangre, saliva o cabellos “con o sin consentimiento” ordenada en diciembre de 2010.“El fallo de primera instancia y la confirmación en la Cámara Federal de San Martín hacen una aplicación acertada del artículo 218 bis, y creemos que la medida es constitucional”, sostuvo el fiscal Raúl Pleé, quien remplazó al cuestionado Juan Martín Romero Victorica.
Los letrados de Marcela y Felipe, Alejandro Carrió y Roxana Piña, cuestionaron la constitucionalidad y legalidad de la medida dispuesta por Arroyo Salgado, por lo que pidieron que se revoque el fallo. Los abogados consideraron que “los derechos de Marcela y Felipe no han sido tomados en cuenta”, aunque evitaron referirse a los derechos de los familiares y de la sociedad de conocer qué sucedió con las personas desaparecidas durante la última dictadura.
También consideraron “falso” que hayan sido los jóvenes quienes dilataron la causa durante diez años: “Ellos hicieron el ofrecimiento en 2003 para comparar con las dos familias querellantes, fue aceptado por el juez y no sucedió por la apelación de las familias querellantes”, señaló Carrió.
Lo que no dijo Carrió fue luego remarcado luego por Abuelas de Plaza de Mayo, y los abogados Alcira Ríos y Pablo Llonto, quienes representan a las familias García Gualdero y Lanouscou Miranda. Recordaron que el ofrecimiento de los jóvenes fue para realizar el análisis en el cuestionado Cuerpo Médico Forense y no en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) como lo marca la ley, para comparar sólo con las familias querellantes y bajo el pedido de que luego las muestras fueran destruidas.
“La medida es legal, constitucional y se ajusta a los estándares constitucionales. Si, como dicen, no son hijos de desaparecidos no veo razones para que no se realicen el examen. El problema es que hay sobrados elementos para sostener esa hipótesis”, señaló Alan Iud, de Abuelas. El abogado recordó que una medida idéntica a la que cuestionan había sido dispuesta por el juez de instrucción Conrado Bergesio y nunca fue apelada por Marcela y Felipe.
Alcira Ríos hizo un raconto de la historia de la causa y manifestó que “sólo resta que la justicia entienda que hay dos intereses contrapuestos: uno busca verdad, justicia y la liberación de las víctimas y otro la impunidad”. Llonto, por su parte, consideró una “locura” los dichos de Carrió y acusó a los abogados y al Grupo Clarín de utilizar “a Marcela y Felipe como un escudo para proteger a Ernestina Herrera de Noble”. Destacó además que Felipe hace poco fue padre y que su hija Morita “también es víctima y tiene derecho a conocer quiénes fueron sus abuelos”. “Alguien les tiene que poner un nunca más a las dilaciones, un nunca más a las mentiras, para conocer la verdad de Marcela y Felipe”, finalizó el abogado.
